El trabajo de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas exhibe la crisis forense que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido solucionar. Por el contrario, se ha agravado en los últimos años: los miles de cuerpos encontrados en fosas clandestinas se siguen acumulando en servicios forenses y fosas comunes sin que se avance en su identificación.
Las “buscadoras”, en su mayoría madres de las víctimas, arriesgan su vida y su integridad. Por un lado, son acechadas por integrantes del crimen organizado, pero también se exponen a todo tipo de peligros durante las jornadas de búsqueda que suelen ser en terrenos alejados, cerros y barrancas.
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Casi nunca regresan con las manos vacías, localizan fragmentos y cuerpos completos que acaban almacenados y, en el peor de los casos, extraviados por la misma autoridad. A las madres y familiares de las víctimas les indigna que tanto riesgo y trabajo resulte estéril y acaben contribuyendo a la saturación de fosas comunes y a lo que llaman “doble desaparición”.
