La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que el acuerdo que se publicó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública, ya que limita las facultades a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional (GN).
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Al respecto, el titular de la dependencia, Alfonso Durazo, puntualizó, en su cuenta de Twitter, que el acuerdo forma parte del andamiaje legal aprobado por los partidos políticos, prácticamente por unanimidad.
En una tarjeta informativa, la SSPC agregó que las “fuerzas armadas son las instituciones de mayor prestigio en el país. Por ello, cuando entran en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de militarización de la vida del país”.
Mencionó que la pandemia global por el COVID-19 supera en este momento los alcances de la GN y exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos.
Detalló que el acuerdo le otorga mayor fortaleza a las actuaciones de las fuerzas armadas como primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo. Para ello, miles de elementos fueron capacitados en uso legítimo y proporcional de la fuerza, así como en cadena de custodia y protección de los derechos humanos.
Además, el acuerdo permite también que las detenciones que eventualmente realicen los elementos del Ejército y la Marina se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Detenciones (RND), protegiendo los derechos humanos, tanto de las personas detenidas, como de los servidores públicos que trabajan en el sector seguridad.
Finalmente, la SSPC subrayó que el acuerdo y la GN no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles, al tiempo en que insistió que las fuerzas políticas y los servidores públicos, deben “mantener el tema de seguridad pública como un espacio de neutralidad política, ajeno a banderas coyunturales o al interés de generar polémicas en temas que ya fueron aprobados y discutidos por el Poder Legislativo”.
