La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha anulado este jueves el decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal en la represión de las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas. Las Fuerzas Armadas habían pedido una norma que respaldara su intervención en las manifestaciones tras las elecciones del 20 de octubre. Pero 14 días después de su aprobación, las acuerdos alcanzados en las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con los manifestantes han provocado su derogación. Los opositores, que se han echado durante varias semanas a las calles de las ciudades bolivianas, comenzaron pidiendo la renuncia de la presidenta y terminaron aceptando desmovilizarse a cambio de la suspensión del decreto. Además solicitan compensaciones económicas por los 35 muertos y los cientos de heridos causados por la represión militar y los enfrentamientos entre los dos bandos en los que el país se dividió tras la salida de Evo Morales del poder.
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Protegidos bajo el decreto que acaba de derogarse, las fuerzas de seguridad han reprimido duramente a los manifestantes. El 15 de noviembre, un grupo de cocaleros que intentaba trasladarse de Sacaba a Cochabamba, a unos pocos kilómetros de distancia, fue detenido por miembros de la policía y el Ejército. Murieron nueve campesinos y decenas resultaron heridos de bala. El 19 de noviembre, 10 manifestantes murieron baleados tras derribar el muro de la planta de combustible Senkata situada en El Alto que anteriormente habían bloqueado tras enfrentarse a las fuerzas de seguridad.
Tras lo ocurrido, Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas haber impedido un atentado contra la planta. “El Alto ha vivido días de terror cuando se puso en riesgo la vida de más de 250.000 alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras”, dijo la presidenta. Previamente, el ministro de Defensa había asegurado que los soldados no habían disparado “ni una sola bala” contra la población.
Los manifestantes de Senkata, entrevistados por este diario, niegan haber usado dinamita en la protesta, como asegura el Gobierno. “Nos quieren animalizar, dicen que queríamos volar la planta, como si no supiéramos que eso nos mataba a todos”, aseguró una de las participantes en la manifestación.
Sin bloqueos
La negociación del Gobierno con los manifestantes ha provocado que, casi tres semanas después de la renuncia forzada de Morales, ya no haya bloqueos de carreteras o calles en ningún punto del territorio. “Gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores hemos logrado la pacificación del país”, ha dicho Áñez. En El Alto, la única ciudad que se resistió al nuevo Ejecutivo, los dirigentes que llamaban a continuar la lucha no lograron convencer a los vecinos desesperados por volver a trabajar tras casi un mes de protestas y bloqueos.
Pese a que Evo Morales dijo que solamente él podía detener a los movimientos sociales, las protestas se apagaron sin la intervención del expresidente. De hecho, el exvicepresidente Álvaro García Linera había pronosticado que se produciría un “levantamiento indígena” por la caída del poder del Movimiento al Socialismo (MAS).
Mientras sus principales representantes están detenidos, perseguidos judicialmente o “atrapados” en la Embajada de México en La Paz, el MAS ha perdido el control de muchas de las organizaciones de El Alto y de varios sindicatos. Los cocaleros del Chapare siguen reconociendo a su líder sindical, Evo Morales, como presidente del país, pero también han terminado con los bloqueos por el cansancio acumulado.
En el Parlamento, carente ahora de destacados representantes del MAS, el partido de Evo Morales se ha sumado a varias iniciativas oficialistas, lo que posibilitó que la ley para convocar a elecciones en abril o mayo del próximo año se aprobara por unanimidad. Morales tampoco se ha pronunciado al respecto.
El Gobierno de Áñez investiga por terrorismo y sedición a varios de los exministros y colaboradores de Morales que se encuentran asilados en la Embajada de México, por lo que no les entregará salvoconductos para abandonar el país. Medios oficialistas han relacionado este comportamiento con el que tuvo el Ejecutivo de Morales en 2012 con el senador opositor Roger Pinto, quien estuvo encerrado 15 meses en la Embajada de Brasil, de donde finalmente escapó de forma clandestina.
El propio Morales es investigado por terrorismo y sedición, por haber organizado supuestamente desde su asilo en México los bloqueos de caminos que ahora se han suspendido. El expresidente aseguró esta semana que Interpol había emitido una notificación azul en su contra, una orden que sirve para solicitar información sobre el paradero o las actividades de una persona. Pero la Fiscalía boliviana negó este jueves que así fuera.
En este contexto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha amenazado este viernes a una comisión de activistas argentinos que fue a Bolivia a observar la situación política de cerca y calificó lo sucedido como un “golpe de Estado”. “Anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo”, les dijo. La comisión fue agredida verbalmente además durante la escala de su vuelo en Santa Cruz.
Por otra parte, las emisiones de las cadenas Telesur y Rusia Today fueron eliminadas de los sistemas de cable del país. En numerosas instituciones públicas, el Gobierno ha abierto investigaciones sobre supuestas irregularidades de las autoridades de la Administración anterior.
