La extinta Procuraduría General de la República (PGR), en lugar de castigar a los responsables de la masacre de 196 personas ocurrida en el noreste de México en 2011, abrió una investigación por delincuencia organizada y espió a una conocida periodista que indagó en el caso, así como a una abogada y a una antropóloga que acompañan a víctimas de la violencia en la región, según una investigación publicada por The Washington Post.
A más de diez años de esta masacre, no existen sentencias por el caso, pero gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno difundir una versión pública del expediente, se tuvo conocimiento de que la extinta PGR intervino los teléfonos de la premiada periodista Marcela Turati; de la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la abogada Ana Lorena Delgadillo; y de la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centroamérica y Norteamérica, la antropóloga Mercedes Doretti.
Los funcionarios de la extinta PGR —hoy Fiscalía General de la República (FGR)— ordenaron a las compañías telefónicas que les proporcionasen los registros de todas las llamadas y mensajes de texto iniciados o recibidos por Turati, Delgadillo y Doretti, además de información sobre sus ubicaciones durante cada una de las conversaciones.
“En 24 horas tenían información de dónde estuvimos, a quién hablábamos. En este país es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”, dijo Turati este miércoles durante una conferencia de presa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
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“Terminaron investigándonos”
En 2015, Turati publicó un reportaje sobre las fallas de la PGR para registrar adecuadamente los cuerpos de las 196 víctimas halladas en 48 fosas clandestinas localizadas en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. La periodista también exhibió que la Procuraduría fue negligente en la notificación a los familiares de personas desaparecidas sobre aspectos clave que tenían los cadáveres.
En el caso de Delgadillo, la EEAF ha realizado acompañamiento a las familias de personas migrantes que se enfrentan a la opacidad gubernamental en la identificación y repatriación de los cuerpos de las víctimas. La abogada declaró al citado medio estadounidense que las autoridades mexicanas cuestionaron su labor en favor de las familias, debido a que “no quieren que estas víctimas sean representadas por nadie”.
En tanto, Doretti hizo hincapié en que los peritos e investigadores con los que el EAAF trabajó para la identificación de las víctimas fueron quienes al final “terminaron investigándonos”.
“Los crímenes no se investigan”
En la conferencia realizada en el Centro Prodh, familiares de personas desaparecidas expresaron su rechazo a la indagatoria en contra de Turati, Delgadillo y Doretti.
“Yo he visto la labor que han hecho ellas tres, no puedo creer que en tan poco tiempo han investigado a ellas tres, a nuestras defensoras, y los crímenes no los investigan en años”, denunciaron.
Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho cuestionaron que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación, incluyó a las tres mujeres en la misma indagatoria que se abrió contra integrantes de Los Zetas por la masacre de San Fernando.
“Esta misma unidad que se metió en las comunicaciones de Marcela, Ana Lorena y Mercedes y las presentó como presuntas responsables de delincuencia organizada, es la misma que torturó, manipuló evidencia y desvío la investigación del caso Ayotzinapa”, señaló la FJEED.
