Los embarazos a temprana edad en América Latina son causa de falta de oportunidades para las jóvenes en trabajos formales. Además, “cuando una adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales y reproductivos, y sus derechos a la salud, educación entre otros, se ven vulnerados a corto plazo”, afirma un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
El estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe” señala, 66% de las adolescentes de 15 a 19 años en Latinoamérica se embarazan. Esta cifra posiciona a la región como la segunda con la tasa de fecundidad más alta en el mundo, después de África. Además, el costo de oportunidad promedio del embarazo en la adolescencia representa el 0.35% del Producto Interno Bruto (PIB) total, equivalente a mil 242 millones de dólares anuales por país.
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Aunado a la actual crisis económica causada por la Covid-19, el número de embarazos en adolescentes creció medio millón más y dejó gastos de 606 mil 900 millones de dólares. Entre las causas de este incremento en la natalidad, se encontró la dificultad para conseguir anticonceptivos por parte de los adolescentes y posibles abusos sexuales a raíz del confinamiento.
Por su parte, el asesor regional del UNFPA, declaró al medio AFP: “El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina”. Asimismo alertó sobre el panorama económico de la tasa de embarazos, recordando las altas tasas de pobreza entre madres adolescentes.
De acuerdo con el estudio, la brecha educativa entre mujeres embarazadas en su adolescencia y las mujeres adultas varían acorde al país de nacimiento. En México, el 6.7% de las madres adolescentes embarazadas alcanzan educación terciaria (preparatoria), mientras que el 22% de las madres adultas logran terminar la preparatoria. Las niñas sin acudir a la escuela se dedican principalmente a criar a sus hijos o a labores domésticas, lo que dificulta mantener un empleo y los estudios.
Este problema es muy amplio y requiere atención desde varios sectores como la salud, la política pública y la educación. Sin embargo, gastos adecuados en la infraestructura de dichas instituciones pueden lograr grandes cambios en el número de jóvenes incluidos en el mercado laboral formal y con mayor escolaridad.
