Dos empresas de Texas demandaron a Petróleos Pemex (Pemex) el pago de 600 millones de dólares, por un presunto fraude en contratos para fabricar módulos de perforación para plataformas petroleras.
Se trata de las empresas Loadmaster Universal Rigs y Kennedy Fabricating, las cuales alegan ante la Corte para el Distrito Sur de Texas que Pemex incumplió contratos por 228.8 millones de dólares, firmados en diciembre de 2014, para fabricar los módulos.
Estos contratos no fueron firmados directamente con Pemex, sino con los fideicomisos F/1859 y F/1860, creados en Deutsche Bank y financiados por BBVA-Bancomer, de los que era beneficiaria la empresa petrolera, dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.
Tras la llegada de José Antonio González Anaya a la dirección de la petrolera en 2016, y la caída de precios del petróleo, funcionarios empezaron a pedir ajustes a los módulos, y a solicitar retrasos en la entrega, hasta que finalmente se dieron por terminados los contratos de manera unilateral en septiembre de ese mismo año.
La demanda alega: “Las acciones ilegales de los demandados han provocado daños por cientos de millones de dólares, la pérdida de innumerables empleos en Texas, y han puesto a varias compañías al borde de la bancarrota”.
Añade que “(Pemex) hizo declaraciones falsas, rompió promesas e interfirió dolosamente para afectar los contratos”.
Esta demanda fue presentada originalmente en 2018 ante una corte local del Condado de Harris, pero el pasado 18 de julio fue transferida a una corte federal en Houston.
Las empresas reclaman pago de daños y perjuicios por 200 millones de dólares, más daños punitivos por el doble de esa cantidad.
Señalan que los módulos, que son estructuras altamente complejas, estaban temrinados en 90 y 72 por ciento para el mes de febrero de 2016, y cuando Pemex canceló los contratos en septiembre, alegó problemas técnicos que, según las empresas, eran menores.
El especialista de Pemex, Miguel Ángel Lara Segura, que viajo a Houston en febrero de 2016, no reportó fallas técnicas o de construcción, y los retrasos en la entrega habían sido solicitados por la empresa estatal mexicana, porque las plataformas en las que se instalarían los módulos no estaban ligadas.
Las empresas Universal Ratings y Kennedy Fabricating se dicen engañadas porque Pemex no tenía la intención de adquirir los módulos de manera incondicional, sino que la decisión final en realidad estaba sujeta a la evolución de los precios del petróleo y consideraciones políticas locales, lo que explica el uso de los fideicomisos para evitar la firma directa de los contratos.
Petróleos Mexicanos se ha negado a participar en un arbitraje, como se pactó en los contratos, con el argumento de que éstos solo obligan a los fideicomisos.
