Más de 261 mil menores se encuentran en prisión en el mundo, denunció UNICEF, por lo que pidió una reforma del sistema de justicia que ponga fin a la detención de menores también mediante la adopción de medidas como el aumento de la edad de responsabilidad penal.

“Cada menor detenido es prueba del fracaso del sistema”, declaró la directora de UNICEF, Henrietta Fore, según la cual los menores detenidos, antes y después del juicio, por motivos de inmigración, en relación con un conflicto armado o la seguridad nacional, o que viven con familiares detenidos, son a menudo arrestados en espacios confinados y superpoblados.

Carecen de un acceso adecuado a la nutrición, a la atención médica y a los servicios higiénicos y son vulnerables al abandono, los abusos físicos y psicológicos y a la violencia de género.

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A muchos se les niega la posibilidad de consultar con abogados y la atención familiar, y no pueden impugnar la legalidad de su detención, subrayó UNICEF.

Además, el Covid-19 “afectó profundamente a la justicia de menores, cerrando tribunales y limitando el acceso a los servicios sociales y judiciales esenciales” Según la directora de UNICEF, como resultado de todo eso, “muchos menores, incluidos los niños de la calle, fueron arrestados por violar las órdenes del toque de queda y las restricciones de circulación vinculado a la pandemia”.

La organización, sin embargo, reveló que en tiempos de pandemia, 45.000 menores fueron liberados de prisiones en 84 países.

“Estos jóvenes han sido rescatados de situaciones que podrían haberlos expuesto a enfermedades graves y estos países han podido superar la resistencia pública y desencadenar soluciones de justicia innovadoras y apropiadas a la edad. Esto -concluyó- demostró algo que ya sabíamos: las soluciones de justicia adaptadas a los niños son más que posibles”.

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UNICEF instó, por lo tanto, a los Gobiernos a ampliar la asistencia jurídica gratuita y a asegurar la representación y los servicios legales para todos los niños; priorizar la prevención y la intervención temprana para evitar que los niños cometan delitos; establecer alternativas apropiadas a la detención; elevar la edad legal para entrar en prisión, y garantizar la justicia a los niños supervivientes de la violencia sexual, los abusos y la explotación.

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