La relación entre México y Estados Unidos entra en una nueva fase. En pleno año electoral, Washington ha aumentado las exigencias al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad y combate al narcotráfico. El Ejecutivo de Donald Trump espera que un aumento de la presión contra el tráfico de drogas obtenga para sus intereses resultados como los logrados en migración, donde los mexicanos han reducido con mano dura el flujo hacia la frontera estadounidense entre mayo y diciembre de 2019.
Esta presión sobre México la personifica ahora el fiscal general estadounidense, William Barr, que el viernes de la semana pasada culminó su segunda visita al país. El responsable del Departamento de Justicia se reunió en la semana con funcionarios de la Administración mexicana para exigir un freno al tráfico del fentanilo, un opioide sintético proveniente de China. Como moneda de cambio, los funcionarios mexicanos, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, piden concreción en los operativos que deben reducir el flujo de armas que viajan de Estados Unidos al sur y que alimentan el poder de fuego de los carteles. Barr volverá a visitar México en febrero, donde celebrará una nueva reunión con sus homólogos locales.
De momento, México ha aumentado el ritmo de sus extradiciones al norte. El lunes 13 de enero, las autoridades mexicanas entregaron a la justicia estadounidense a ocho criminales. Entre ellos Gilberto Barragán Balderas, líder del Cartel del Golfo y uno de los diez delincuentes más buscados por el capítulo en Texas de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). También fueron extraditados capos de organizaciones criminales como el Cartel de Juárez y la Línea, que operan al norte de México y en la zona de la frontera común.
Las autoridades estadounidenses también recibieron esta semana a José Sánchez Villalobos, conocido como El señor de los túneles, del Cartel de Sinaloa. Villalobos está considerado un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal y enfrenta un juicio en las cortes de California por tráfico de drogas a través de dos túneles que conectaban Tijuana, en México, con San Diego, en California. Uno de ellos tenía 122 metros de largo. El juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya está cumpliendo una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, no ha puesto punto final a la ofensiva legal contra el Cartel de Sinaloa.
En diciembre pasado, y casi en medio del silencio absoluto, México entregó a Estados Unidos a Ismael Zambada Imperial, uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, el veterano líder del Cartel de Sinaloa y uno de los capos más poderosos de México junto al de Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. Zambada Imperial, llamado Mayito Gordo, cumplía una sentencia de diez años de cárcel en México y llevaba un lustro luchando en los tribunales locales para impedir su viaje a Estados Unidos, donde también es requerido por una corte californiana.
Es en este contexto donde se inserta el caso que la fiscalía de Nueva York construye en contra de Genaro García Luna, destacado funcionario de seguridad durante los Gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. García Luna, quien fue el encargado de la estrategia antinarco entre 2006 y 2012 con ayuda de la DEA y el FBI, fue detenido a principios de diciembre en Texas y está acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos de la organización delictiva encabezada por El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. Este martes, el exsecretario de Estado verá por primera vez a la cara al juez Brian Cogan, el juez de distrito con sede en Brooklyn que llevó el juicio contra El Chapo.
Posible acuerdo
Nada garantiza que México sea testigo de un proceso judicial contra García Luna similar al de Joaquín Guzmán. La defensa de García Luna ha sondeado durante enero con las autoridades estadounidenses la posibilidad de un acuerdo para evitar, a cambio de una pena reducida, un proceso público que tendría una importante repercusión en el país y arrojaría nueva luz sobre la corrupción política en México. De momento, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York no ha cedido y prepara “voluminosas” pruebas para demostrar la conducta criminal de García Luna durante “dos décadas”. Estos descubrimientos se basarían en evidencias obtenidas con registros fiscales, de propiedad y en datos obtenidos en otros países.
El presidente López Obrador dijo a inicios de este año que el eventual juicio de Estados Unidos en contra de García Luna es más importante que el caso Odebrecht, que ha desnudado una trama de corrupción entre gobiernos locales y la constructora brasileña en varios países de América Latina. El expediente en contra del exdirector de la petrolera mexicana Pemex, Emilio Lozoya, está abierto en la Fiscalía por lavado de dinero, pero el presidente parece tener más esperanzas en lo que pueda revelarse en la corte del juez Cogan.
El juicio a García Luna
El juicio en contra de García Luna podría ser histórico. Las partes han solicitado al juez Cogan 60 días a partir de la vista de este martes para poder conformar sus estrategias y reunir pruebas. El proceso será decretado como “complejo” por la cantidad de información que pueda salir a la luz. El Gobierno de Estados Unidos ha avisado a la corte que, además de las pruebas obtenidas en diversas pesquisas, utilizará entre sus herramientas información clasificada y protegida.
El juez Cogan no podrá evitar la polémica política que siempre mantuvo a raya en el juicio de El Chapo Guzmán, donde frenó a los testigos que, desde el estrado, comenzaban a hablar de los sobornos al mundo político mexicano. El togado recordó entonces que ese era un proceso sobre actos criminales y homicidio y no por corrupción. El eventual proceso a García Luna, sin embargo, no le dejará otra salida más que tocar un tema espinoso.
