Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reclamaron a José Luis Vargas Valdez, presidente del organismo, por posponer la sesión que se tenía prevista este jueves para definir los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el Instituto Nacional Electoral les retiró sus candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Por medio de una carta, cinco magistrados de la Sala Superior manifestaron que sin previo aviso se les comunicó el miércoles que las sesiones privada y pública se pospusieron hasta el martes 27 de abril.

“Al respecto, consideramos que la determinación de diferir las sesiones fue tomada unilateralmente, en contravención de las atribuciones del Pleno de este órgano jurisdiccional federal en lo atinente a la definición de los asuntos por resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional”, apuntó.

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Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales manifestaron que la determinación afecta la “impartición de la justicia constitucional electoral encomendada a este tribunal”, debido a que se aplaza el análisis y resolución de asuntos relacionados con el registro de las candidaturas, en el entendido que las campañas electorales iniciaron el pasado 3 de abril.

“Consideramos que la decisión unilateral de diferir las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de candidaturas de las gubernaturas de Guerrero y Michoacán“, entre otros casos.

El grupo de magistrados criticó que no alcanza a apreciar las justificaciones por las que se difirieron las sesiones referidas, “pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica, máxime si se toma en cuenta que estamos en el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país (recordando que todos los días y horas son hábiles), respecto del cual este Tribunal constitucional tiene una responsabilidad con la ciudadanía y los actores políticos”.

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