Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador así se lo solicitó esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) difundió una versión pública de la denuncia e investigación que realiza contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.
La FGR indicó que los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho; Marcelo Odebrecht; Luis Alberto de Meneses Weyll y Luis Weyll, declararon ministerialmente en Brasil que a partir del año 2012 cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en nuestro país, buscaron contratos en operaciones sustantivas de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
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La Fiscalía recordó que Emilio Lozoya presentó una denuncia en 2020, en donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil. Cabe destacar que Anaya fue electo diputado federal por la vía plurinominal en las elecciones del 2012, cargo que ocupó hasta 2015 cuando se separó para ser dirigente nacional del PAN.
La FGR indicó que, “según consta en diligencias ministeriales”, los 6.8 millones de pesos le fueron entregados a Anaya por el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.
Argumentó que según consta en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya votó a favor de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia Energética.
La Fiscalía dijo contar con los testigos Miguel Tame Domínguez y Froylán Gracia García, quienes manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.
“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido. Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público”, dijo la FGR.
La FGR resaltó que de conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
Cabe destacar que en su conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que en el marco del debido proceso, la FGR y el Poder Judicial de la Federación transparenten la información relativa a la denuncia y proceso contra Anaya, para que de esa forma el panista no tenga argumento para sostener que es el Presidente de la República quien quiere encarcelarlo.
“Y que no se vaya a quedar todo en que no se puede dar información. Es un asunto de interés público que a todos atañe. Para que no quede en especulación, porque si no (Ricardo Anaya) me va a seguir echando la culpa a mí”, dijo.
