Junto a 6 personas que obtuvieron su libertad a finales de mayo después de una prisión injusta por su movimiento de defensa de 217 hectáreas arboladas en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se debe agilizar la liberación de todos los presos políticos y de conciencia del país.
“Los trámites para liberar a quienes están en las cárceles son complejos”, señaló el primer mandatario al apremiar las liberaciones porque “hay quienes están en la cárcel y no tienen sentencia desde hace años; hay quienes están en la cárcel y son ancianos o son indígenas que no hablan el castellano, que hablan su lengua materna; hay quienes están en la cárcel por delitos menores pero por situaciones de pobreza no tienen para pagar sus fianzas”.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que se investigan 538 casos de presos en un marco de violaciones a los derechos humanos para que puedan obtener su libertad.
Por otra parte, el subsecretario Encinas informó que se alcanzó un acuerdo de no agresión entre autoridades constitucionales y tradicionales en los municipios de Aldama Y Chenalho, en Chiapas, para cerrar una disputa territorial de más de 40 años y que en los últimos meses dejó 34 muertos.
Fue determinante la “voluntad política expresa de las comunidades” para reducir la tensión y alcanzar un acuerdo de paz y reconciliación, finalizó Encinas Rodríguez en su presentación ante la prensa en Palacio Nacional.
En posterior entrevista, cuestionado sobre los 11,491 desplazados internos forzados en en 2018 (con al menos 10 familias o 50 personas) y las 338,405 víctimas de Desplazamiento Interno Forzado identificadas en los últimos 12 años, Encinas Rodríguez apuntó que se dará una atención integral con instrumentos legales para que el Estado cumpla con su responsabilidad porque son casos de comunidades indígenas (el 45%), rurales o urbanas.
