La consejera Carla Humphrey explicó que estos formatos también deberán ser firmados por quienes aspiren a consejeros electorales.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los formatos de la declaración “3 de 3 Contra la Violencia” que deberán firmar todos los candidatos a un puesto de elección popular y evitarían que los partidos postulen a abanderados sentenciados por violencia de género o deudores de pensión alimenticia.
En sesión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey explicó que estos formatos también deberán ser firmados por quienes aspiren a ser consejeros electorales o integrantes del Servicio Profesional electoral.
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Se trata de cuatro documentos: uno para partidos, otro para candidaturas independientes, un tercero para las personas que se inscriban a la convocatoria de los Organismos Públicos Locales Electorales y otro para el Servicio Profesional Electoral.
“Me parece que con esto aprobado dentro de Comisiones Unidas de Prerrogativas Políticas y de Género y no Discriminación ponemos a este Instituto un pie adelante, siendo el ejemplo que esperemos repitan las autoridades en el ámbito electoral pero también fuera de ello, para que las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección popular o no ocupen cargos en estructuras internas”, indicó.
Los interesados en alguna candidatura deberán firmar estos documentos “bajo protesta de decir verdad”, y se les cuestiona si no fueron “condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público”.
También si no fueron sancionados por resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Además, de que no fueron sancionados como “deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón”.
