El Comité de Selección de los cinco integrantes que participaran en la Comisión para el Acceso a la verdad el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia y a violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1960 a 1990 inició las entrevistas a los cinco aspirantes. Durante su intervención, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlalchinollan sostuvo que en ese periodo, se emprendió “toda una política de contrainsurgencia, represión generalizada contra movimientos sociales, pueblos, regiones. Era la cultura de la muerte”.
Casi 8 horas de comparecencias conducidas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, Alicia de los Ríos, representante de los colectivos de las víctimas y Guillermo Fernández representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la que durante cada media hora, los aspirantes exponían su visión de ese episodio de la historia reciente, los objetivos que debería tener la comisión, directrices de investigación y su relación con las víctimas.
En su oportunidad, David de Jesús Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesus y ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro subrayó la relevancia de este nuevo esfuerzo por esclarecer la Guerra Sucia en México: “ojalá hubiera sido una iniciativa del Congreso y no una decisión del Ejecutivo para tener mayores alcances”, porque “nos urge, es la última oportunidad de lograrlo testigos, víctimas, sobrevivientes y perpetradores se están muriendo”.
Para Fernández, es imperante conocer la verdad de lo que sucedió para poder llevar a los perpetradores a la justicia. “La verdad siempre tiene que preceder a la justicia, la judicialización de los casos es importante antes del perdón y reconciliación, porque si no es impunidad”.
En su intervención, Barrera destacó que será muy importante que las familias puedan confrontar lo que traen en la memoria con los testigos y se encuentre una figura apropiada de investigación. Esta claro que lo que se ha podido conocer desde entonces es la existencia de cárceles clandestinas, de lugares donde se torturaba en Guerrero, que salían aviones de la muerte.
Se requiere un paso fundamental: el acceso a los archivos del ejército. “Esta comisión puede ayudar espacios como el Campo Militar número 1, recolectar testimonios y escarbar en eso”, acompañando a las familias de las víctimas,
Aleida García Aguirre sostuvo que un aspecto fundamental es que las familias puedan acudir a dar testimonio a la comisión para evitar una nueva victimización. Sin embargo, subrayó que debe haber una mayor voluntad política para investigar y no reproducir el fracaso que tuvo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado.
Al referirse al papel del ex presidente Luis Echeverría aseveró que conforme al decreto que conformó esta comisión no tiene facultades judiciales para emprender acciones penales contra funcionarios de alta jerarquía, lo que se debe tener claro para no hacer falsas promesas de judicialización. “No es porque no crea que son responsables de esos hechos”, pero en América Latina las comisiones de la verdad han judicializado los casos a partir de fuertes movilizaciones sociales.. La comisión tiene condiciones para esclarecer el despliegue “arrasador” de la represión en ese periodo”.
Por su parte, Eduardo González, un investigador peruano que ha participado en las comisiones de la Verdad en Guatemala, Perú y Colombia, aseveró que México está ante una oportunidad de reconciliarse con el pasado, largamente postergado por motivaciones políticas. Es un reto gigantesco por las dimensiones territoriales del país.
Es una comisión que se ha negado durante generaciones pero emprender este nuevo empeño “no debe ser un ejercicio libresco, ni acumular fuente. Hay información y conocimiento avanzado, lo que no hay es reconocimiento de las víctimas y los hechos. Se trata de democratizar el dolor. No se vale que solo las víctimas carguen su dolor por décadas”.
