La crisis desatada por la autoproclamación de Luis Parra como presidente del Parlamento venezolano en una sesión irregular, que ha rechazado la comunidad internacional, ha activado de nuevo los mecanismos de mediación que habían quedado estancados. Juan Guaidó, jefe del Parlamento y ratificado como presidente interino por otro año más, ha comunicado que ante la nueva visita de los enviados del Reino de Noruega, que el año pasado intentaron conversaciones con representantes del líder de la oposición y de Nicolás Maduro, que no retomará las negociaciones a través de este mecanismo.
“Reiteramos que el proceso de Oslo-Barbados ha sido clausurado y que por lo tanto no vamos a participar en ninguna reunión. Maduro ha impedido toda solución negociada a la crisis venezolana. El régimen al asaltar militarmente la Asamblea, la única institución que goza de legitimidad nacional e internacional, ha demostrado ha demostrado su decisión de bloquear todas las soluciones políticas que la República reclama”, dice el comunicado difundido por su equipo.
En febrero de 2018 se iniciaron conversaciones secretas para llegar a una salida negociada a la crisis venezolana que entonces desató la juramentación Guaidó como presidente interino, luego de que Maduro asumiera para un segundo mandato en unas elecciones fraudulentas y sin reconocimiento internacional, lo que fue declarado por la Asamblea Nacional como una usurpación de la Presidencia por parte del líder del chavismo. Hubo una serie de encuentros en Oslo y en Barbados que finalmente en agosto pasado naufragaron, como los también intentados por el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con el auspicio de República Dominicana. Los voceros de Maduro decidieron retirarse cuando Estados Unidos dictó un nuevo paquete de sanciones económicas contra su gobierno.
Los mismos representantes de Maduro en las conversaciones de Barbados anunciaron la instalación de una mesa de diálogo paralela que el régimen chavista había iniciado en con un grupo minoritario de la oposición. En ese momento Guaidó reveló la propuesta que su grupo había sometido a discusión en las negociaciones y que planteaba la posibilidad de promover un Gobierno de transición colegiado y la realización de unas elecciones presidenciales, con un nuevo árbitro, en la que no participaran ni Guaidó ni Maduro.
El conflicto que sobrevino el domingo con la instalación de la junta directiva de la Asamblea Nacional crece como en avalancha. Este viernes, Parra envió comunicaciones a los directores, coordinadores y otros cargos de libre remoción que están bajo las órdenes de Guaidó como presidente del Parlamento. A la medida, el segundo vicepresidente Carlos Berrizbeitia señaló que Parra, electo en un proceso sin quórum ni votos verificados, no tenía potestad para ello. “Los trabajadores de la Asamblea Nacional no tienen por qué acatar ningún tipo de orden del usurpador Luis Parra”, tuiteó el parlamentario.
La elección de Parra ha sido rechazada por casi la totalidad de la comunidad internacional que la han considerado ilegítima y antidemocrática. El diputado ha estado involucrado en una trama de corrupción del CLAP —el programa de ayuda alimentaria subsididad— y en una maniobra de sobornos para comprar apoyos que frenaran la reelección de Guaidó, quien finalmente logró el quórum, 100 votos verificados y el respaldo internacional casi unánime al que hoy se suma una nueva resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al contrario, Parra solo tiene el respaldo de la bancada chavista y de una veintena de diputados opositores deslindados del chavismo. Ha sido reconocido por Rusia y por Maduro como un interlocutor válido de un Parlamento que supuestamente controlan los opositores, pero que luce más como si estuviera hecho a su medida.
Durante cuatro años, el Supremo ha bloqueado la actuación del Parlamento declarando su supuesto de desacato, una de las trabas que Parra asegura que resolverá en una gestión que, según dijo en la caótica instalación de su junta el martes pasado, dejará la confrontación y buscará soluciones.
Estados Unidos, el principal aliado de Guaidó en su derrotero de empujar el cambio político en Venezuela, expresó esta semana que es necesario empujar rápidamente una transición negociada, para contar con instituciones renovadas que puedan supervisar unas elecciones presidenciales y parlamentarias. En este nuevo escenario una nueva negociación luce aún más lejana.
