La justicia de Ecuador ha llamado a juicio al expresidente Rafael Correa por el caso sobornos, en el cual se investiga un entramado de pagos de empresas al partido Alianza PAÍS a cambio de obtener contratos. La decisión de la jueza Daniella Camacho comenzó con un tirón de orejas para la Fiscalía por haber presentado una acusación desordenada e incompleta, sin embargo, la magistrada enjuició a última hora de este viernes al exmandatario y a otras 20 personas, entre las que se encuentran los miembros más cercanos a su anterior Gobierno.
Junto a Correa, van a juicio por el cargo de cohecho, castigado con cárcel de hasta cinco años, su exvicepresidente Jorge Glas, su exministra de Obras Públicas; María de los Ángeles Duarte, su exsecretario del Agua; Walter Solís, su exministro de Turismo; Fernando Alvarado, su exsecretario jurídico de la presidencia; Alexis Mera y la exvicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla. Además, están implicadas y serán enjuiciadas dos funcionarias que fueron clave para desentramar la red de aportes ilegales con las que Alianza PAÍS, según la investigación, financió campañas electorales y en retribución otorgaba contratos públicos a las empresas involucradas. Pamela Martínez y Laura Terán trabajaron como secretaria y asistente en el despacho presidencial y aportaron un sinnúmero de documentos, chats, correos electrónicos, facturas y archivos en los que se habían registrado los pagos y los nombres de los implicados.
Este segundo llamado a juicio para Rafael Correa tiene especial repercusión para el horizonte político del exmandatario y para su anuncio de volver a la primera línea en las elecciones que se celebrarán en Ecuador en 2021. El cohecho es un delito imprescriptible, según el Código Penal ecuatoriano, y puede ser juzgado en ausencia. Esto significa que el proceso puede seguir adelante hasta la sentencia aunque el expresidente no se presente ante los tribunales, como ya ocurrió con el otro juicio penal que enfrenta Correa -y que está suspendido- por el presunto secuestro a un opositor político hace ocho años en Colombia.
La jueza Daniella Camacho retomó este viernes la audiencia para llamamiento a juicio a la que acudió con un documento de resolución de 300 páginas en las que acogía la mayoría de los elementos de prueba propuestos por la Fiscalía, pese a haber cuestionado que el Ministerio Fiscal haya dejado fuera del caso a la empresa Odebrecht y a otras compañías que aparecían mencionadas como aportantes de Alianza PAÍS en los registros de la trama. También criticó que se haya descartado la aplicación de otros delitos que van aparejados al cohecho y que no solo castigan a los funcionarios que reciben sobornos sino a los sujetos privados que entregan las coimas, teniendo en cuenta que tanto la Fiscalía General del Estado como la Procuraduría habían esbozado en las fases previas un caso de una “organización criminal” a cuya cabeza estaba el expresidente Correa.
El caso surgió de una revelación periodística conocida como Arroz Verde que hacía referencia a la “receta” de reparto de sobornos entre altos funcionarios por parte de empresas como Odebrecht o contratistas chinas, también ya investigadas por irregularidades en otros procesos. Según las alusiones en clave, recopiladas en la bitácora de la asesora presidencial Pamela Martínez, se distribuía el dinero con autorización y conocimiento orden de SP. Esas siglas, inicialmente atribuidas a “Señor Presidente” fueron confirmadas por el mismo Correa cuando trató de desvirtuar a través de las redes sociales que los pagos fuesen coimas. El expresidente publicó recibos que, según su versión, mostraban sus aportes a un fondo solidario del partido. “Para FS de parte de SP”, decía uno de los comprobantes de 2014, que corroboraba que esas dos iniciales aluden a Rafael Correa.
