La tortura sigue existiendo y es una práctica sistemática y generalizada en México pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2020 que se había erradicado, denunciaron representantes de varias organizaciones no gubernamentales.
“Las declaraciones del presidente de México son falsas, cuando dice que se erradicó la tortura en México, sigue siendo una práctica sistemática y generalizada”, aseveró Sebastian Brehm, miembro de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos en Alemania, durante el panel “¿Se erradicó la tortura en México?”, organizado por Amnistía Internacional.
Destacó que, pese a que en abril de 2020, durante su informe de gobierno trimestral, López Obrador sostuvo que en México han “erradicado la tortura”, en realidad no se ha hecho lo suficiente para acabar con esta práctica.
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“Tenemos que seguir trabajando para erradicar la tortura en México”, dijo.
Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, coincidió en que en México la tortura es una práctica existente.
La tasa de impunidad sobre esta práctica, explicó, es de 98 por ciento y la población más afectada son los grupos marginados, de color, indígenas y, en su mayoría, hombres.
Incluso, dijo, México refleja una contradicción, “pues por un lado tienen cierto Estado de derecho, una democracia muy sofisticada, pero por otro lado se ha demostrado que la tortura sigue vigente”, acotó.
Necesario reconocer el problema de la tortura
Staberock señaló que lo primero que se tiene que hacer para erradicar el problema es reconocer que existe. “Algunas organizaciones e instituciones públicas lo reconocen, pero el presidente los contradice”, lamentó.
Pese a que desde 2017 se hizo una ley contra la tortura sistemática que es “progresista”, indicó, el problema ha sido llevar esta legislación a la práctica.
“Hace falta una política pública contra la práctica. Hay que trabajar, por ejemplo, en el problema de las confesiones, porque un sistema judicial basado en confesiones, en cualquier país del mundo, está muy cerca de la problemática de la tortura”, consideró.
Según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cantidad de investigaciones de casos de tortura por agentes del Ministerio Público ha aumentado en los últimos años tanto a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de 7 mil en 2019.
Fábrica de culpables
Jorge Luis López, abogado en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas, apuntó que se ha evidenciado la colusión entre jueces y fiscalías para crear una “fábrica de culpables”.
“Inicia con la detención de cualquier persona y se supone que en 48 horas se debe declarar a la persona inocente o ser vinculada a proceso y, por el contrario, lo que se hace en ese lapso es utilizar la tortura para fabricar culpables”, denunció.
Sandra Alarcón, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, dijo que la militarización del país al llevar a la Guardia Nacional a las calles ha agudizado la violencia y los casos de tortura, además de la impunidad en los casos.
“Estamos viviendo diversos contextos de tortura en México” y persiste la impunidad, puntualizó.
Finalmente, Carla Palacios, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Chihuahua, afirmó que se requiere de un plan de persecución penal y negó que se trate de falta de presupuesto “más bien falta de voluntad” política para acabar con la tortura en México.
