Si la llegada al poder de Pedro Castillo en Perú se peleó simbólicamente en la calle, su salida va por la misma ruta. Después de que el Congreso ordenara la vacancia del mandatario tras un polémico decreto, las manifestaciones que exigen su restitución en el cargo han colmado varios puntos de la geografía nacional.
Lo singular de estas protestas es que confirman la cartografía de un país que sigue dividido entre el ‘limacentrismo’ –vencido sorpresivamente en las urnas por Castillo– y las regiones. Así, por ejemplo, en zonas del sur como Arequipa, que apoyaron masivamente al maestro rural en los comicios de 2021, las movilizaciones han sido tan contundentes como reprimidas.
El Gobierno de Dina Boluarte decretó un estado de emergencia en Arequipa, Apurímac e Ica, donde están varios de los focos neurálgicos de las manifestantes que exigen la libertad de Castillo, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales.
Además, el Ejecutivo ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de contener el descontento popular, mientras las medidas de presión en las calles suben de nivel con bloqueos viales, ataques incendiarios, barricadas y acciones contra medios de comunicación. Hasta ahora, la represión policial a los seguidores del maestro rural ha dejado un saldo de siete muertos.
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Bastiones electorales
Durante esta jornada, en Puno, los manifestantes han bloqueado las salidas de la ciudad de Juliana y Desaguadero, así como el paso del puente internacional de la ciudad de El Collao-Ilave y la carretera interoceánica en la provincia de Carabaya-Puno.
Los cierres viales incluyen el paso en la frontera con Bolivia, en las ciudades de Desaguadero y Yunguyo. El movimiento popular a favor de Castillo es más que previsible en esa zona, donde el maestro rondero logró casi 90 % del apoyo electoral que abonó su peleado triunfo el año pasado.
Además de las manifestaciones en las calles, en casas de estudio como la Universidad Nacional del Altiplano de Puno fue tomada por los alumnos, que ya anuncian asambleas y movilizaciones.
En medio del clima de efervescencia, los integrantes del Consejo de Ministros anunciaron el martes que iniciarían una gira por las regiones para restablecer el diálogo en las zonas donde hay mayor conflictividad.
En Arequipa, las Fuerzas Armadas hicieron despliegue en puntos claves de la ciudad para evitar la acción de los manifestantes. Entre los espacios más resguardados están las sedes del Ministerio Público y las instalaciones de la Corte Superior de esa región.
La acción preventiva no es gratuita, ya que se confirmó una víctima fatal por la represión policial. Se trata de un ciudadano identificado como Miguel Arcana, de 38 años, quien participó en las protestas de Cerro Colorado, en Arequipa, una región donde hace poco más de un año Pedro Castillo ganó los comicios en 97 de los 109 distritos.
Apurímac, otro de los bastiones más duros del maestro rural, está sitiado por el estado de emergencia desde que se produjeran allí las primeras muertes durante las manifestaciones a favor de mandatario vacado. Las víctimas, que se conocieron el pasado 11 de diciembre, eran un adolescente de 16 años y un joven de 18.
Las siguientes tres muertes, según detalló la Dirección Regional de Salud de Apurímac, ocurrieron el 12 de diciembre. Los fallecidos eran jóvenes entre los 16 y los 18 años.
Lima en la mira
En Lima, el clima no es menos tenso. A diferencia del sur del país, donde Castillo logró cosechar las simpatías que le abrieron el tortuoso paso a la presidencia, la capital se le mostró renuente en lo electoral, voraz en lo político e implacable en lo mediático.
Es por este último punto que las protestas en la capital se han caracterizado por un elemento común: el ataque a las sedes de medios de comunicación como América TV, Canal N, Panamericana y Exitosa, empresas mediáticas que azuzaron duramente la gestión del maestro rural desde mucho antes de que asumiera el poder.
En paralelo, este miércoles los efectivos de orden público tomaron de manera preventiva las inmediaciones de la Plaza San Martín para evitar la concentración de manifestantes, luego de los choques que se registraron la noche del martes y que culminaron con un saldo de dos personas heridas.
Ante la situación que amenaza con escalar y que ha incluido algunos ataques de vandalismo a infraestructura pública, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, pidió al Gobierno que declarara la emergencia para Lima y Callao.
Horas más tarde, el propio ministro de Defensa, Luis Alberto Otarola, anunció la declaratoria de Estado de Emergencia para todo el país.
Afectaciones
Según medios locales, los bloqueos de carreteras y manifestaciones afectan a más de la mitad de las regiones del país, ya que incluyen acciones contra terminales aéreas y ferroviarias que han obligado a suspender operaciones.
Frente a la presión, Otárola adelantó que la red vial se declarará en emergencia y que las Fuerzas Armadas se desplegarán para resguardar instalaciones como aeropuertos y centrales eléctricas.
De hecho, en Arequipa, las Fuerzas Armadas recobraron el control de la principal terminal aérea tras la toma popular de los manifestantes, que obligó a suspender temporalmente las operaciones.
Sin caras muy visibles al frente, los focos de protestas se mantienen activos mientras Castillo sigue detenido y envía cartas, a través de sus redes sociales, para exigir el respeto a sus derechos y la integridad de los manifestantes.
“Fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años. Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo”, recordó el exmandatario en un trino, tras acusar a un sector “golpista, explotador y hambreador” de querer acallar el descontento popular, con la anuencia de los medios de comunicación.
Según su denuncia, los medios de comunicación habrían recibido esta semana millonarios recursos por parte del Gobierno de Boluarte “para silenciar la masacre y la crisis en todo el Perú”, disponiendo del dinero que su administración tenía previsto destinar para “la Segunda Reforme Agraria, así como para el bono navideño a la Policía y el Magisterio Nacional”.
La actitud de la administración en funciones, por otra parte, se ha enfocado en criminalizar a los descontentos, tildándolos de “vándalos” y sugiriendo que las protestas tienen el combustible del terrorismo. Esos señalamientos, con escasas pruebas y mucha pantalla, son el ‘revival’ de una práctica recurrente de la historia política de Perú: el ‘terruqueo’, o lo que es lo mismo, el hábito de ponerle una pátina de subversión terrorista a todo lo que huela a descontento con el poder establecido.
