El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, aseguró ante simpatizantes del PT en abril que, de ganar la presidencia, expulsaría a 8 mil militares de cargos públicos.
“Vamos a sacar a casi 8 mil militares que ocupan cargos por los cuales ni siquiera compitieron. Lo vamos a tener que hacer, no es una cuestión de amenaza, sino de construir un mejor país”, dijo cuando apenas perfilaba su candidatura para competir en los comicios contra del actual mandatario, Jair Bolsonaro.
Desde que comenzó su gobierno, Bolsonaro dio pie a un proceso de militarización en Brasil con la inclusión de integrantes del Ejército en su administración. Sin embargo, la atención se centró principalmente en su retórica divisionista y en su discurso de odio.
A principios de 2019, siete de los 23 ministros del gabinete eran oficiales militares. Con el paso de los meses, la militarización del gobierno y de toda la administración no hizo más que aumentar.
A principios de 2020, el gobierno integró a dos miembros más de las Fuerzas Armadas en los puestos estratégicos de jefe de gabinete de la presidencia y ministro de salud. Al mismo tiempo, el número de funcionarios de la administración aumentó a un ritmo vertiginoso y la dirección de las grandes empresas públicas ha sido confiada a generales.
La militarización de la política brasileña fue el resultado de este pacto sellado entre Bolsonaro y aquellos generales ultraconservadores que buscaban acercarse o incluso regresar al poder. Sin embargo, la cercanía entre Bolsonaro y el poder militar comenzó a desdibujarse a comienzos de 2021.
A fines de marzo de ese año, los tres comandantes de las fuerzas armadas renunciaron en masa luego de que Bolsonaro destituyera al ministro de Defensa. Otros se distanciaron de Bolsonaro de manera más discreta.
Bolsonaro, aislado políticamente, quedó protegido sólo por la popularidad que mantenía entre un tercio de la población.
Al distanciarse del presidente, sin embargo, los altos mandos militares no pretenden abandonar definitivamente las estructuras de poder. Por el contrario, desean darse los medios políticos para sobrevivir si Bolsonaro cae o no es reelegido.
La desmilitarización se une a los otros retos que tendrá el nuevo presidente de Brasil: cómo le hará Lula, de 77 años de edad, para unir a un país profundamente dividido, enderezar una economía tambaleante y cumplir las enormes expectativas desatadas por su regreso al poder.
