Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, aseguró que está en la mejor disposición de colaborar en la nueva investigación del actual gobierno federal sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A mí me pueden investigar todo lo que quieran, estoy completamente a disposición. Nadie me ha contactado. Al inicio de la administración tuve una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero porque yo lo solicité”, dijo Murillo Karam en una entrevista con Radio Fórmula.
Me da muchísimo gusto que vayan a investigar el expediente de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tiene todos los elementos que hicieron que se actuara como lo hicimos (…) Hay cerca de 300 pruebas que son contundentes, que no admiten duda”, agregó.
El exprocurador General de la República manifestó que si hubo violaciones al proceso, debe castigarse a quienes lo hicieron.
No tengo duda de que los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a un grupo grande de normalistas de Ayotzinapa. Siempre dije que no podía precisar cuántos, pero estoy seguro que ahí se cometió un homicidio terrible”, afirmó.
Encinas confirma que se revisará en su totalidad el caso
Este domingo 15 de septiembre de 2019, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confirmó que se revisará en su totalidad el caso Ayotzinapa, incluida la actuación del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y otros altos funcionarios responsables de las actuaciones en septiembre de 2014 cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes.
Lo hizo en conferencia de prensa al anunciar que el juez que ha llevado el caso, Samuel Ventura Ramos ordenó la libertad inmediata este fin de semana de otras 24 personas que presuntamente tuvieron responsabilidad en los hechos, con lo que suma hasta ahora 77 personas que están en libertad de las 142 detenidas.
Solo quedan 65 en prisión y entre los liberados “indebidamente”, dijo el funcionario, hay policías municipales que hasta exigen una indemnización al ayuntamiento de Iguala de 1 millón de pesos.
Hay que decirlo, lo asumo con toda responsabilidad, esto, estas resoluciones es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad, y la impunidad para conocer la verdad. Y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país que huele a podrido, la Fiscalía General de la República presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez, quien era el titular de la Unidad Especial para el caso de Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica”, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de la Segob.
Detalló que el juez encontró evidencias de tortura y sembrado de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes, pero omitió fincar responsabilidades penales por ello.
Dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. La verdad histórica esta fincada en graves omisiones, en simulación e incluso actos indebidos de la autoridad que han llevado a esta situación en donde no solamente se está acreditando que hubo omisiones o incluso la práctica de la tortura, sino que hubo sembrado de pruebas ¿Cuál es el problema del juez? El juez señala que hay tortura o que hubo omisiones o alteraciones en la investigación y no deslinda ninguna responsabilidad de los servidores públicos, en un acto mínimo de congruencia el juez debe de fincar las responsabilidades a los presuntos perpetradores de tortura, por ejemplo, o de alteración de las pruebas, lo que nos obliga a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia”, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de la Segob.
El subsecretario de Derechos Humanos teme que el juez ordene la libertad definitiva de más personas detenidas por actos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Actualmente solo quedan 65 en prisión, por lo que solicitarán al Consejo de la Judicatura Federal que investigue al juez responsable del caso.
Además, advirtió que las personas liberadas podrían ser nuevamente procesadas porque la Fiscalía General de la República, en su revisión del caso, podría fincarles diversas responsabilidades, aunque por otros delitos porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, concluyó.