El Estado mexicano admitió su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y reabrió el caso por el fallecimiento de la activista Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001.

En el marco del 141.º Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte IDH, el Estado mexicano reconoció “su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte” de Ochoa.

Tras el pronunciamiento de las autoridades, el Gobierno de México se comprometió a reabrir la investigación “para determinar las causas que llevaron a la muerte” de la defensora, según informaron las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa publicado este miércoles.

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Muerte y omisiones en la investigación

Ochoa fue una reconocida abogada que denunció múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y por miembros de las Fuerzas Armadas de México.

En agosto de 1999, la mujer fue secuestrada por desconocidos. Un mes después, el 3 de septiembre de ese año, la activista recibió una serie de amenazas escritas en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el sitio en el que laboraba.

En este contexto de amenazas y agresiones, la Corte Interamericana adoptó en noviembre de 1999 medidas provisionales a favor de Ochoa.

La abogada vivió exiliada en EE.UU. entre 2000 y 2001. Cuando la Corte IDH dio por finalizadas las medidas provisionales, la activista regresó al país latinoamericano y dos meses después fue encontrada sin vida en su despacho en Ciudad de México.

La investigación oficial concluyó que Ochoa había cometido un suicidio. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que hubo una “serie de irregularidades graves” en la pesquisa inicial, con contradicciones en las pruebas de balística y lesiones que no fueron registradas debidamente en los exámenes médicos realizados.

En este contexto, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la violación a la honra y dignidad de la abogada, así como por la “falta de una investigación con perspectiva de género” en las indagatorias.

“La aceptación de responsabilidad se reflejará con la consecución de un convenio de reparación integral que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en días próximos”, informó el Gobierno mexicano sobre las líneas de acción que asumirá.

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