El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de carácter preferente para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
En su calidad de presidenta del Congreso General, la diputada Dulce María Sauri informó que la solicitud del Ejecutivo federal cuenta además con proyecto de decreto para trámite preferente.
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La solicitud del presidente López Obrador incluye que la iniciativa sea turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
La iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica urge a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para beneficio del interés nacional.
Detalla que la CFE es indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México consistente en no incrementar tarifas de electricidad y garantizar la seguridad energética.
De esta forma, asegura el texto, la Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica para reformar los “grandes privilegios a la generación (de electricidad) privada, con grave perjuicio a la CFE”.
Se propone así la modificación del mecanismo de despacho de las centrales eléctricas para quedar en prioridad la energía producida por las hidroeléctricas, seguidas de la energía generada en otras plantas de la CFE.
En tercer término se despachará a las centrales eléctricas eólicas y solares de particulares y al final las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares, así como el resto de los generadores de otras tecnologías.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta 14 por ciento del PIB , según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La iniciativa preferente del presidente sorprendió porque no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comienza este 1 de febrero y termina el 30 de abril.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía.
También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.
Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
El presidente aseveró que estas modificaciones respetan el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada.
