En el contexto de la pandemia del coronavirus covid-19, la Ley General de Amnistía, aprobada recientemente por el Senado “adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación, puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar”.
El representante de la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, Antonino De Leo, junto con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña, señalaron que dicha aprobación “le hará frente a la pandemia de covid-19 en el ámbito penitenciario y por seguir avanzando en la transformación del sistema de impartición de justicia en el país”.
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La ONU-DH reiteró su posición que mantuvieron siempre, previo a la aprobación de dicha ley “es un paso positivo para corregir algunas de las injusticias que han sido producidas por el sistema de justicia penal en México y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y las personas indígenas, cuya condición se ha agravado debido a la privación de la libertad y otras medidas que les son impuestas”.
Ante la emergencia por la pandemia y una vez aprobada dicha ley piden su “rápida aplicación, acelerando la revisión de casos de potenciales beneficiarias de este instrumento”.
Lo aprobado representa “un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia en México, a través de la cual se puedan revisar figuras como la prisión preventiva oficiosa y diversos tipos penales que llevan al abuso de la pena de prisión, entre otras medidas para progresivamente armonizar el sistema de justicia con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Sin embargo, resultará “insuficiente si no es acompañada por acciones de apoyo a la reinserción y cambios en las políticas criminales que entre otros aspectos eviten la criminalización de la pobreza”.
