El Gobierno de Cuitláhuac García lleva 2 años asignando convenios con medios de comunicación de forma inconstitucional.
Este martes, los ministros del pleno de la Suprema Corte determinó que Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz es inconstitucional.
Con 10 votos a favor y uno en contra, el pleno determinó que el Congreso no consultó a grupos indígenas de la entidad ni a discapacitados, pero ello no fue suficiente para invalidar el marco legal.
Te puede interesar: Muere empleada de Gobierno por covid-19, familiares denuncian que le impidieron ausentarse pese a ser vulnerable
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz.
Concretamente, los ministros consideraron que la LXV Legislatura incumplió el proceso legislativo requerido por su misma Ley Orgánica, por lo que terminaron por invalidar la Ley en su totalidad.
La mayoría de MORENA validó el dictamen sin circularlo con 48 horas de anticipación ni se efectuó la votación calificada. El ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, evidenció que ninguna de dichas disposiciones fue cumplida por el Congreso local, es decir, ni siquiera se anunció la dispensa legislativa.
Durante la sesión de este lunes se sometió a discusión que no se efectuó una consulta a grupos y comunidades indígenas, así como personas discapacitadas, lo que no fue determinante para invalidar la llamada Ley de Medios.
Esta parte del proyecto fue rechazada por 6 ministros debido a que sólo el Artículo 12 mencionaba a estos grupos y no consideraron que por eso debía invalidar toda la ley.
Cabe señalar que, desde el inicio de su gestión, en noviembre de 2018 a la fecha, la 65 Legislatura del Congreso de Veracruz suma 16 acciones de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de decretos y leyes formuladas por dicho Poder.
El actual Congreso es el que más impugnaciones ante la Suprema Corte ha recibido, con 17, de las cuales 16 han sido declaradas inválidas por la Suprema Corte al vulnerar derechos humanos.
