Una resolución (P9_TA(2022)0078) emitida por el Parlamento Europeo descalifica al gobierno de México por estigmatizar la actividad periodística, al tiempo de calificar a nuestro país como el peor del mundo (fuera de Zona de Guerra) para ejercer el periodismo.
El documento que consta de seis paginas, a renglón seguido, precisa que nuestro país es firmante del Acuerdo Global UE-México que incluye cláusulas sobre derechos humanos y democracia, concretamente en sus artículos 1 y 39 y que el diálogo de alto nivel UE-México sobre derechos humanos que tuvo lugar en 2020 culminó en un acuerdo sobre el trabajo conjunto en México para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos y periodistas.
Sin embargo indica en su 11vo. párrafo que:
«2022 marca el comienzo de año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados; que los asesinatos de María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Heber López Vásquez o Roberto Toledo son solo algunos ejemplos dramáticos de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; que los periodistas han de soportar unas condiciones laborales deficientes y muchos carecen de acceso a los servicios de salud y atención mental; que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, y que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, según fuentes oficiales»
Más aún el Parlamento (en su resolución de este día 10 de marzo, 2022) no teme en señalar que «Considerando que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas; que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el Gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica; que, en febrero de 2022, los periodistas organizaron protestas en 13 de los 32 Estados de México exigiendo mayor seguridad y más investigaciones sobre los ataques contra periodistas
En el documento critica severamente el «Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas» pues este mecanismo «está lastrado por graves deficiencias en lo que se refiere al volumen de la financiación y al número de empleados de que dispone, una falta de acompañamiento adecuado, una falta de coordinación con los Gobiernos estatales y retrasos en la aplicación de las medidas de protección, que a menudo costaron vidas«.
De manera contundente subraya que al menos nueve beneficiarios que se encontraban en el Mecanismo de Protección han sido asesinados.
El resolutivo del Parlamento Europeo precisa que conoce que actualmente el Estado Mexicano «está trabajando» en un protocolo o sistema nacional de prevención y protección para defensores de derechos humanos y periodistas que se basará en una Ley para Protección Integral de Periodistas e incluirá adopción de un modelo nacional de prevención, la creación de registros nacionales de ataques y la aplicación de un protocolo nacional de protección.
También hace un severo señalamiento a los tribunales al señalar:
«Considerando que la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes; que, como ha señalado la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta impunidad envía un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisión de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; que el Gobierno mexicano no ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos»
E igualmente al considerar que recientemente se presentó al Congreso Mexicano una propuesta legislativa para prohibir a cualquier ONG recibir financiamiento de países externos, transmite su más profunda solidaridad y empatía, así como su más sentido pésame, a todas las víctimas de los atentados terroristas y a sus familias; reitera su preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad que enfrentamos los comunicadores y va más alla:
«La libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana; pide a las autoridades mexicanas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos en consonancia con las normas internacionales establecidas, entre otras formas, abordando a escala estatal y federal el problema de la corrupción generalizada, la formación y los recursos inadecuados, la complicidad de algunos funcionarios y los sistemas judiciales deficientes, lo que da lugar a unas tasas tan elevadas de impunidad«, precisa el documento.
Define además que la labor periodística solo puede llevarse a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales u otros actos de intimidación y acoso, y pide a las autoridades mexicanas que defiendan y salvaguarden las normas más estrictas en materia de protección de la libertad de expresiónreitera que la labor periodística solo puede llevarse a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales u otros actos de intimidación y acoso, y pide a las autoridades mexicanas que defiendan y salvaguarden las normas más estrictas en materia de protección de la libertad de expresión.
PETICIONES DEL PARLAMENTO
Por lo antes expuesto y debido a su relevancia reproducimos las exigencias, peticiones y solicitudes del documento emitido este día:
Pide a las autoridades, y en particular a las más altas instancias, que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, exacerbar el ambiente contra ellos o distorsionar sus líneas de investigación; pide a dichas autoridades que destaquen públicamente el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en las sociedades democráticas;
Insta al Gobierno de México a que adopte medidas concretas, rápidas y eficaces para reforzar las instituciones nacionales, estatales y locales y a que aplique un conjunto de estrategias urgentes, exhaustivas y coherentes de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas con el fin de garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones, en consonancia con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; recomienda que México integre una perspectiva de género al abordar la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos;
Insta al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que cumpla su promesa de aumentar su financiación y sus recursos y a que establezca unos procesos más rápidos para incluir a los defensores y periodistas entre sus beneficiarios, al objeto de salvar vidas y garantizar la seguridad de las personas amenazadas, incluida la concesión de medidas de seguridad a sus familias, colegas y abogados; subraya que las políticas de protección pública deben implicar efectivamente a los organismos e instituciones gubernamentales de cada Estado y al nivel local;
Anima al Gobierno mexicano a que adopte medidas para reforzar las instituciones del Estado y consolidar el Estado de Derecho con el fin de abordar algunos de los problemas estructurales que subyacen a las violaciones de los derechos humanos, y pide que las organizaciones civiles que trabajan en el ámbito de los derechos humanos participen en este proceso; acoge con satisfacción la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con el objetivo de buscar fosas comunes en todo el país y tomar medidas para determinar y publicar el número real de personas que han desaparecido;
Pide al Gobierno mexicano que coopere plenamente con los órganos de las Naciones Unidas y que extienda una invitación permanente de visita a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que coopere con ellos de manera proactiva;
Acoge con satisfacción la reciente visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a México y el reconocimiento por parte del Gobierno de la jurisdicción del Comité para examinar casos referentes a México, permitiendo que las familias de las víctimas presenten casos ante el Comité una vez hayan agotado los recursos legales a escala nacional;
Pide a todos los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Delegación de la Unión Europea en México que planteen las preocupaciones en materia de derechos humanos a sus homólogos mexicanos y que confieran a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos un lugar destacado en los diálogos UE-México;
Insta a la Delegación de la Unión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, con el fin de prestar todo el apoyo adecuado a la labor de los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
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Subraya la relevancia de México como socio estratégico; recuerda la importancia de una relación sólida y profunda entre la Unión Europea y México y reafirma su compromiso de fomentar las relaciones a través del Acuerdo Global UE-México modernizado, que refuerza aún más las disposiciones en materia de derechos humanos y permite a la Unión y a México debatir una serie de cuestiones, como los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral;
Y finalmente encarga a su presidenta Roberta Metzola que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al presidente, al Gobierno y al Congreso de México.
