Los embajadores de Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y Argentina serán llamados a consultas, informó este jueves la ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi.

La canciller indicó que la decisión se tomó junto a la presidenta, Dina Boluarte, “en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”.

De acuerdo con la ministra, las declaraciones de esas autoridades “cuestionan” la sucesión presidencial de Boluarte, quien llegó a la Presidencia tras la destitución de Pedro Castillo; y, además, sus dichos “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo” que unen a estos países latinoamericanos.

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Previamente, el martes, Gervasi convocó a los representantes de Argentina, Bolivia, Colombia y México en Lima, a quienes expresó que la sucesión presidencial de Boluarte “es constitucional”.

Asimismo, les entregó notas formales dirigidas a los cancilleres de esos países en las que “el Gobierno del Perú les transmite su reacción firme frente al comunicado conjunto que emitieron sus gobiernos”.

El comunicado

El comunicado al que se refiere Gervasi, y que ha generado toda esta situación, es un texto conjunto que fue publicado el lunes, en el que estos cuatro países expresaron su “profunda preocupación” por los sucesos que resultaron en la remoción y detención de Castillo y exhortaron a quienes integran las instituciones peruanas a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

En el texto añaden que “para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”; y pidieron a las autoridades peruanas que “respeten a cabalidad los derechos humanos” del depuesto mandatario y le garanticen “protección judicial”.

Castillo fue destituido la semana pasada por el Congreso de Perú, luego de su fallido intento de disolver el Parlamento y establecer un gobierno de excepción. Tras ello fue detenido y es acusado de rebelión.

Esto ha generado protestas en diversas regiones de Perú que, además de pedir la liberación de Castillo, exigen el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para 2023 y la renuncia de Boluarte. A la fecha hay un saldo de nueve personas muertas en medio de las manifestaciones.

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