El dictamen aprobado en comisiones, a través del que se reactiva la Guardia Nacional, tiene que ser desechado, si la mayoría en la Cámara de Diputados quiere que la norma se apruebe con mayor consenso, planteó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle.
“Nuestra solicitud es que se trabaje un nuevo dictamen, que se deseche este dictamen, y que la Comisión se preste a hacer un nuevo dictamen, porque las modificaciones que se requieren no solamente pueden tratarse o acordarse vía reservas, sino que queremos un nuevo dictamen que desde las consideraciones del mismo se garantice que la Guardia Nacional será netamente civil y que solamente de manera temporal tendrá una integración con Fuerzas Armadas”, apuntó.
La también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, señaló que quienes consideran que la Guardia Nacional puede comenzar a operar en los términos planteados por el presidente de la República y sin que se haya aprobado la reforma constitucional en cuestión, están promoviendo una situación ilegal.
Pugnan por mantener el estatus irregular en el que han actuado los elementos militares los últimos dos sexenios, sentenció.
“Pero como lo está planteando con una integración militar, con policías militares, se requiere porque es lo que hemos tenido durante los últimos 12 años, al Ejército en las calles, además encargados de tareas de seguridad pública. Y estarían previniendo el delito, es algo que le toca a la policía, persiguiendo el delito y además deteniendo en flagrancia”, alertó.
“Esas son actividades de los policías civiles y eso no pueden hacerlo en las fuerzas militares, porque en la Constitución está netamente prohibido y la última resolución de la Corte también le prohibió a las Fuerzas Armadas hacer ese tipo de tareas”, recalcó la diputada Tagle Martínez.
Respecto a las segundas audiencias que se llevarán a cabo en la sede de San Lázaro para analizar el tema, pidió que no se caiga en la simulación, porque se está convocando a gobernantes, expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos defensores de derechos humanos e incluso a los titulares de las Fuerzas Armadas, para que aporten elementos.
Destacó la importancia de que en ese ejercicio tomen parte los titulares de las secretarías de la Defensa y la Marina, quienes deben precisar de dónde saldrán los recursos públicos para conformar la Guardia y si se ejercerán desde las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad.
