Ante los altos indices de impunidad por el presunto contubernio de ministerios públicos y servidores públicos, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó al Pleno de la Cámara de Diputados a frenar la impunidad de quienes abusan de niñas y niños, así como penalizar a los encubridores de pederastas, en donde funcionarios se convierten en cómplices de lenones, productores y traficantes de pornografía infantil y corruptores de menores, denunció la diputada Verónica Juárez Piña.

El dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Justicia después de que la iniciativa de reforma al Código Penal Federal fue presentada el pasado 31 de julio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la que a su vez la remitió para su análisis y dictamen.

Dentro de las primeras conclusiones de los legisladores que integran la Comisión de Justicia se señalan que los altos índices de impunidad de pederastas contribuyen en muchos casos al encubrimiento de ministerios y servidores públicos.

Para revertir tal situación, coincidió en que, por un lado, la sanción a pederastas sea imprescriptible, pero también que se sancione con mayor severidad a los encubridores, pues a pesar de que en México hay frecuentes denuncias desde 1950 contra clérigos, por ejemplo, éstos no fueron sancionados, como el fundador de Los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, debido precisamente a la protección de sus superiores y de autoridades.

En su iniciativa, la dirigente perredista señaló que, después de muchas décadas, El Vaticano reconoció las agresiones, abusos sexuales y pederastia de muchos de sus sacerdotes contra miles de niñas, niños y adolescentes en el mundo, y que, con base en ello, en julio de 2013 la Organización de Naciones Unidas le recomendó medidas preventivas y correctivas, incluso judiciales.

Juárez Piña narró que recientemente el Papa Francisco promulgó una nueva legislación para prevenir y combatir los abusos contra infantes y adolescentes, mientras El Vaticano convocó a la creación de un tribunal para juzgar y sancionar a los jerarcas católicos encubridores de sacerdotes abusadores.

En el mismo sentido consideró necesario que el Estado Mexicano actúe para hacer valer el precepto constitucional del interés superior de la niñez, ya que muchos de sus funcionarios van en sentido contrario y menoscaban ese interés superior al seguir encubriendo a pederastas, como en el caso de sacerdotes de San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca.

Aunque la Comisión de Justicia hizo cambios a la iniciativa de la diputada Juárez Piña, coincidió con ella en la importancia de atender este problema, para lo cual las víctimas de pederastia deben tener acceso a la justicia y que ésta no sea obstaculizada, por acción u omisión, por servidores públicos o terceros.

En consecuencia consideró procedente sancionar con destitución e inhabilitación para cualquier empleo, cargo o comisión pública al servidor público encubridor de pederastas hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al pederasta.

De acuerdo con el vigente artículo 209 Bis del Código Penal Federal (inscrito en el Capítulo VIII, referente al delito de Pederastia), debe aplicarse de nueve a 18 años de prisión a quien lo comete. 

La propuesta de la diputada Juárez, avalada en el dictamen por la Comisión de Justicia, es que si un servidor público encubrió al pederasta, dicho funcionario debe ser sancionado con destitución e inhabilitación por la mitad de la condena que se aplique y que esta condena sea imprescriptible. 

Aunque insuficiente, Juárez Piña lo consideró un avance y exhortó al Pleno de Diputados a avalar dicho dictamen.

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