Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que busca que se revise la constitucionalidad del Acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se dispone que las Fuerzas Armadas permanentes lleven a cabo tareas de seguridad pública en el país, hasta el 27 de marzo de 2024.
Luego de un cuidadoso análisis, de consultar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y de tomar en cuenta los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia constitucional, revise la constitucionalidad del acuerdo”, señaló la diputada en un comunicado.
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Rojas explicó que dicha controversia expone las razones por las que estima que el acuerdo se aleja de lo establecido por la Constitución, en lo referente al despliegue de las Fuerzas Armadas Permanentes en labores de seguridad pública, lo que deja “de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”.
En particular, preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad Pública debe ‘coordinarse’ con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”, agregó.
Indicó que pese a que el principio de fiscalización exige que el control de las Fuerzas Armadas que realicen tareas de seguridad pública debe desempeñarse por “órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, el acuerdo relega la supervisión y control de estas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente.
El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”, aseveró Rojas.
Añadió que el propósito de la controversia y de otras acciones legislativas que propondrá, “buscan generar el marco jurídico que merecen y necesitan para alcanzar el fin último de un México con paz y seguridad“.
El pasado 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional.
