La PGR tiene indicios de que el Gobernador priista con licencia Javier Duarte, vía prestanombres, usó una empresa para adquirir terrenos ejidales donde se construyó el conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad de Carlos Mouriño Antanes, padre del fallecido Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Las autoridades federales investigan la triangulación de 110 millones de pesos a la Inmobiliaria Cartujano, que administra Moisés Mansur Cysneiros, amigo del Mandatario que elaboró un testamento para heredarle a Duarte todos sus bienes.
El Gobernador con licencia es prófugo de la justicia porque supuestamente sus testaferros adquirieron parcelas por 10 millones de pesos en el ejido donde se construyó el Campeche Country Club.
Alfonso Ortega, abogado fiscalista que operaba para Duarte, confesó a la PGR haber sido partícipe de esta y otras operaciones donde el Mandatario veracruzano adquirió diversos bienes y propiedades y fondeó con capitales ilícitos a diversas empresas.
En 2011, Ortega planteó al entonces Gobernador un negocio que consideraba lucrativo: invertir 10 millones de pesos en la compra de tierras en el ejido Lerma, donde se construiría uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Campeche.
El priista aprobó la idea y habría instruido a José Juan Janeiro, presunto responsable de la ingeniería financiera, transferir ese dinero a la empresa Terra Urbanizaciones Desarrollos Inmobiliarios, radicada en aquella entidad.
Esta compañía está registrada a nombre de Miguel Velázquez Nieva, comisariado ejidal prófugo de la justicia que organizó una asamblea para aprobar la venta de terrenos ejidales.
En 2011, campesinos que perdieron sus tierras presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Campeche por falsificación de firmas para nombrar como integrantes del Comisariado Ejidal a Alfonso Ortega López y Moisés Mansur Cysneiros.
En la demanda se señala a Ortega y Mansur de ser prestanombres de Carlos Mouriño, y hoy esos dos personajes son los principales involucrados en el lavado de dinero de Duarte.
Según Ortega, en febrero pasado, la empresa Terra recibió 110 millones de pesos por instrucciones de Duarte y el dinero fue transferido a su cuenta personal; éste, a su vez, lo depositó a Inmobiliaria Cartujano, propiedad de Moisés Mansur.
Terra era fondeada por otras empresas de testaferros del Mandatario priista, pero también devolvía el dinero a las mismas compañías en operaciones simuladas de compra venta de terrenos, de acuerdo con el mismo Ortega.
El gasto inicial fueron 500 mil pesos que Ortega dice haber entregado a Velázquez Nieva, para que diera una parte al comisario ejidal y reuniera a los ejidatarios en las asambleas.
Cuando Terra recibió los 10 millones de pesos, adquirieron las parcelas 724Z4P1 y 753Z4P1 y, poco después, el 28 de noviembre de 2011, las parcelas 650Z4P1 y 649Z4P1. Todas las pagaron en efectivo.
Ortega dijo que en los terrenos adquiridos por los intermediarios de Duarte no se construyó el exclusivo desarrollo habitacional y hoy tienen pasivos de entre 200 y 300 millones de pesos.
El testimonio de Ortega es clave en el expediente que derivó en una orden de aprehensión contra Duarte, Mansur y otras siete personas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, informaron fuentes federales.
Mansur Cisneyros, presunto prestanombres de Duarte, es accionista de Inmobiliaria Cartujano, firma que administra el inmueble ubicado en Prado Norte número 135, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
En el testamento de Mansur Cisneyros aparece la propiedad de Las Lomas como la herencia que dejaría a Javier Duarte, aunque después el empresario dijo que cambiaría su legado.
En estas operaciones fue involucrado Javier Nava Soria, el contador de Mansur.
Duarte hoy es prófugo de la justicia al igual que Mansur, Janeiro Rodríguez, Nava Soria y Velázquez Nieva.
También lo son Rafael Gerardo Rosas Bocardo, involucrado en la compra de los terrenos ejidales, y la contadora Santa Bartolo Acuña, supuesta accionista de Terra, según el dicho de Ortega.
De las nueve aprehensiones giradas por lavado y delincuencia organizada, sólo han sido detenidas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, quienes habrían aceptado poner a su nombre las acciones de empresas con la que testaferros de Duarte compraron inmuebles.
Reforma/Abel Barajas
