El diputado José Salvador Rosas Quintanilla planteó adicionar el artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal, a fin de imponer penas de cuatro a 10 años de prisión a quien cometa robo de bienes culturales, propiedad de la nación, sin importar el objeto o el periodo histórico.
También busca establecer que cuando sea una asociación delictuosa, banda o pandilla la que cometa el delito, se castigará en términos de los artículos 164 o 164 Bis del mismo código; es decir, con prisión de cinco a 10 años y de 100 a 300 días de multa.
En un comunicado, el diputado panista consideró que proponer esta sanción es pertinente ante el daño que provoca para la historia de los pueblos, las arcas de la nación y el bienestar de la ciudadanía en general.
De acuerdo con la iniciativa, el mercado de bienes culturales genera mayores ingresos a nivel internacional, solo detrás del tráfico de drogas y de armas; es urgente erradicar el hurto, por lo que resulta necesario tener un marco legal pertinente para la prevención de este tipo de robo.
La iniciativa, presentada en la Comisión Permanente, expone que los bienes culturales son esculturas, pinturas e indumentaria, entre otros, mismos que se han vuelto objeto de colección sumamente atractivos para coleccionistas privados, quienes pueden adquirirlos de forma legal o ilegal.
La inexistencia de una base de datos centralizada de bienes y la proliferación de zonas arqueológicas o históricas sin ser exploradas a profundidad, pone al patrimonio cultural en estado de vulnerabilidad, además, lo expone al vandalismo y saqueo por parte de delincuentes que comercian en el mercado negro.
De tal suerte que la aparición de nuevos bienes únicamente puede ser identificada si aquel que los encuentra decide llevarlos con las autoridades adecuadas, por lo que “quedar sujetos a la buena voluntad de los saqueadores es una expectativa irreal, lo que representa un grave problema”.
Además, la incidencia de este delito deja un panorama desalentador; entre 2008 y 2018 el gobierno recuperó un total de 634 objetos que pretendían atravesar fronteras, lo que representa un grave problema, que también exige la labor de las autoridades aduaneras.
“Se requieren más herramientas legales que permitan imponer las sanciones adecuadas, por lo que reformar el Código Penal Federal ayudará a dar la correcta dimensión a este delito”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
