El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que la identificación plena de 340 cuerpos de personas desaparecidas, de un registro de 37 mil 485, constituye un primer esfuerzo, más no un retraso del Estado, toda vez que la ley en la materia entró en vigor en enero pasado.
Entrevistado en Radio Fórmula por la periodista Azucena Uresti, rechazó la posibilidad de hacer pública una lista de las personas identificadas, pues lo jurídicamente correcto es que las familias y los colectivos de desaparecidos se acerquen a la Comisión de Búsqueda para que reciban información de primera mano.
La víspera, Navarrete Prida dio a conocer que de 37 mil 485 desaparecidos, hay 26 mil registros completos, 16 mil con huellas dactilares y fotos, cuatro mil 500 con coincidencias con desaparecidos y 340 con certeza de identificación.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que las personas con certeza de identificación tenían más de 10 años desaparecidas, pero debido a incompatibilidad en las bases de datos, es preciso un trabajo minucioso, a fin de evitar que familiares de víctimas reciban información errónea.
Al respecto, precisó que es distinta la forma de tomar huellas dactilares en los servicios médicos forenses a como se efectúa en las oficinas del Registro Civil o en el Instituto Nacional Electoral, por lo que el trabajo se enfoca en que los datos contenidos en esas plataformas arroje coincidencias ciento por ciento confiables que permitan identificar plenamente los cuerpos en poder de las distintas autoridades.
Navarrete Prida destacó asimismo que se trabaja en la conformación de un registro de personas desaparecidas con vida, por lo que se llevan a cabo búsquedas en centros de adicciones, asilos, hospitales o refugios.
El funcionario federal resaltó que el comisionado Nacional de Búsqueda prepara la información para darla a conocer y que debe llegarle a las personas en lo particular, por lo que insistió en que no es una buena idea dar a conocer una lista de desaparecidos ya identificados.
Reconoció la existencia de carencias en los servicios forenses de las entidades del país, así la falta de un registro de personas desaparecidas a nivel local, lo que deriva en que hasta ahora no hay un estado que haya podido constituir su comisión especial de búsqueda.
