La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, analizó con especialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, activistas y académicos, la reforma que permitiría al Ejecutivo Federal utilizar conforme lo requiera e inicialmente, 33 mil millones de pesos, del Fondo de Salud para el Bienestar.

La totalidad de los asistentes al parlamento virtual referido, excepto los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), advirtieron que la reforma a la Ley General de Salud es un error, es preocupante que se busque “manipular” esos recursos, y que se busque utilizar ese dinero sin transparencia.

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Recordaron que al crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desaparecer el Seguro Popular, la mayoría en el Congreso y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrecieron que en diciembre de este 2020, el Fondo de Salud para el Bienestar tendría cobertura total para los millones de pacientes sin seguridad social ni acceso a servicios de salud.

Tras reconocer que la pandemia por coronavirus exige tomar medidas presupuestales, el total de los asistentes sentenciaron que se está dejando desprotegidas a millones de familias sin seguridad social y sin recursos suficientes para hacer frente al gasto “catastrófico” que implica atender enfermedades como cáncer.

“Descartar definitivamente la ordeña de los recursos del Fondo, pues la solución no es volver al uso discrecional, sino establecer reglas claras y financiamiento para atender oportunamente a los pacientes. No hablamos solamente de números, de dinero, de hospitales, hablamos de personas con padecimientos. Que por favor se reduce muy bien esta iniciativa, que pareciera que en lugar de ver por los enfermos, por la salud de ellos, se preocupa más por inyectarle los recursos a las arcas de la Federación”, sentenció la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, gobierno de Jalisco, Ana Bárbara Casillas.

La funcionaria sentenció que la reforma, impedirá a estados pagar a especialistas que atienden a pacientes con cáncer en el Insabi; contar con recursos para dar mantenimiento a las máquinas, equipos médicos e instrumental; y para distribuir insumos y medicamentos, lo que podrán en riesgo la salud y la vida de los pacientes oncológicos.

La reforma que se está decidiendo en “los escritorios” no en los hospitales, indicó, generará graves efectos negativos y carencias en la atención a los pacientes, advirtió.

Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa, destacó que no hay una evaluación sobre la pertinencia de la reforma a la Ley General de Salud.

Enfatizó que propósitos como integrar a la atención que brinda el Insabi, los servicios médicos especializados de “tercer nivel”, es noble, pero sin presupuesto no se cumplirá, y tomando el dinero del Fondo de Salud, tampoco se cumplirá.

Kenji López Cuevas, consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional Contra el Cáncer enfatizó que detener el tratamiento para pacientes con cáncer, para cubrir otras necesidades financieras, provocará el agravamiento.

Recordó que el Fondo de Salud, antes Fondo para Gastos Catastróficos, atiende hasta el momento 66 padecimientos y se ofreció que la atención se ampliaría.

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