El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón declinó este lunes presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego que cuatro de sus pares lo eligieron el pasado 4 de agosto tras destituir a José Luis Vargas Valdez.
En una carta dirigida a la opinión pública, el magistrado propuso la creación de una Comisión de Reconstrucción Institucional que defina las reglas para el gobierno interino y de paso a la elección transparente del nuevo titular de este órgano jurisdiccional.
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Si bien reconoció que su elección se dio por una mayoría de magistrados, Rodríguez Mondragón expuso que su designación no fue determinada por unanimidad ya que no estuvieron presentes los magistrados José Luis Vargas Valdez y Mónica Soto.
“La presidencia tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran al tribunal, y de un proceso que incluya las voces de todas las y los magistrados que integran el pleno”, expuso Rodríguez Mondragón en la misiva.
El magistrado también indicó que los desencuentros entre los integrantes de ese órgano colegiado y que han saltado a la opinión pública hacen necesaria una estrategia volcada hacia la reconciliación de sus miembros.
Afirmó que la independencia del Tribunal electoral, así como su confianza radica en que todos sus integrantes obedezcan la ley y respeten la investidura por la cual fueron designados.
“Me toca estar a la altura de mi tiempo. Me toca incidir en la reconciliación y la concordia interna. Para ello, voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante”, sostuvo.
De acuerdo con fuentes al interior del Tribunal electoral, será la magistrada Janine Otálora Malassis la que ocupe de manera interina la presidencia de esta institución.
Esta mañana, el magistrado José Luis Vargas Valdez fue recibido por el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien garantizó que la crisis institucional en el TEPJF quedaría resuelta hoy.
Vargas Valdez fue destituido por sus colegas el pasado 4 de agosto en una sesión pública en la que se determinó que su pobre gestión administrativa más las indagatorias que tiene por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero lastiman la credibilidad del tribunal.
