La Cámara de Diputados presentó este martes una acción de inconstitucionalidad contra el Instituto Nacional Electoral (INE), después de que este decidió posponer la consulta de revocación de mandato.
El recurso fue presentado por el morenista Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El legislador ya había adelantado que impugnaría la decisión y, que incluso, haría las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la contraloría del INE en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
En su momento, Gutiérrez remarcó que la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que el órgano electoral deberá garantizar la realización de la consulta.
El viernes pasado, el diputado explicó que la determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE, constituye “el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento”.
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¿Qué decidió el INE sobre la consulta de revocación?
El Consejo General del instituto votó el viernes, en decisión dividida, posponer la celebración del ejercicio, esto ante la falta de recursos para ello.
Los consejeros electorales aprobaron suspender temporalmente la consulta popular, por lo que este ejercicio democrático será postergado hasta “que el instituto cuente con los recursos suficientes”.
Originalmente, el INE había pedido una partida de 3 mil 830.4 millones de pesos para organizar el proceso que se realizará en abril si las firmas reunidas cumplen los requisitos establecidos por la ley.
Después de que en la votación del Presupuesto para 2022 no estuviera incluida la totalidad de esa partida, el órgano electoral ajustó la partida para la consulta a mil 275 millones 900 mil pesos. Córdova agregó que a los mil 275 millones de pesos su sumará un monto por compromiso de ahorros de 227.1 millones de pesos. En total, la probable consulta de revocación de mandato tendrá un presupuesto disponible de mil 503 millones de pesos.
