El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que garantizar imparcialidad en la contienda es el rol que las instituciones electorales deben cumplir en los meses próximos.
Al dirigir un mensaje en la presentación de la revista “Justicia Electoral”, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), añadió que las autoridades electorales no deben alimentar la polémica que ha llevado a cuestionar el empaque, consistencia y capacidad de la institucionalidad electoral.
“Por eso las autoridades electorales no podemos ser estridentes. Necesitamos tener una visión de Estado para encausar, sin filias ni fobias, una contienda electoral tan grande y compleja como la que estamos viviendo y para blindarnos de la estridencia que acompaña a la crispación política que inevitablemente se irá incrementado”, indicó.
Añadió que no se puede permitir que la natural diferencia de criterios entre las autoridades jurisdiccionales y las administrativas, como sucede en nuestro sistema democrático, alimente la incertidumbre de la ciudadanía.
Destacó que el mandato constitucional para las instituciones electorales es el de contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad política en los procesos de renovación de los poderes públicos.
Córdova Vianello puntualizó que basan su futuro fundamental en tres pilares: el de la equidad en las campañas; el respeto irrestricto a los sufragios emitidos en las urnas, y la imparcialidad en la emisión de resultados.
“Durante la calificación de las elecciones en esta lógica secuencial que involucra primero al INE y después al Tribunal Electoral. Si revisamos la forma en que ha evolucionado nuestro sistema democrático es claro que hay tiempo para todo”, señaló.
Expuso que no hay modo de que le vaya bien al INE si le va mal al tribunal, en una simbiosis institucional que implica tensiones naturales, pero que requiere de un diálogo permanente que esté a la altura y que tenga visión de Estado.
Porque, añadió, lo que está en juego es el proceso electoral más grande de la historia del país, y no solamente es la estabilidad política, sino también la viabilidad en un contexto de poca lealtad a las leyes, a las normas, a los principios y a los valores democráticos de nuestra misma democracia.
