El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que el monto del salario mínimo es un problema que genera serias consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos, porque su incremento para 2018 resulta insuficiente.

En su opinión, el aumento al salario mínimo es insuficiente para alcanzar la línea mínima de bienestar con respecto a los elementos básicos que deberían cubrir el trabajador y su familia, dijo durante la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la STPS, la CNDH, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

También señaló que otro de los grandes temas que exige atención prioritaria es el fortalecimiento de las políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil, este último aún presente en ranchos agrícolas.

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La CNDH, expuso el ombudsman nacional, observa que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha venido en aumento, sin embargo, las condiciones siguen siendo inequitativas en relación con la que perciben los hombres, y recordó que uno de los principales retos para las empleadas es conciliar el trabajo y la familia, lo que conlleva en no pocas ocasiones vulneraciones a sus derechos.

Expuso que se ha detectado que persisten prácticas discriminatorias por motivos de embarazo y/o discapacidad, sometiéndolas a condiciones de trabajo difíciles o peligrosas, y subrayó la dificultad para que las mujeres acudan a consultas o tratamientos médicos o se carezca de espacios o condiciones para que ejerzan derechos como el de lactancia.

Otro rubro importante, dijo, es el acceso al trabajo, “consideramos indispensable que las autoridades apliquen los principios de igualdad y no discriminación en las convocatorias para los puestos de trabajo.

Ante muchos de esos problemas, la justicia laboral, que en sentido amplio abarca la protección no jurisdiccional, se erige como el camino para hacer una realidad tangible un importante sector de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano, tanto de fuente nacional, como internacional, como son los denominados derechos humanos de índole laboral, detalló.

El ombudsman nacional enfatizó que con la firma se garantizará el cumplimiento, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, sobre todo en el periodo de transición al nuevo sistema de justicia laboral, a fin de impartir y administrar justicia oportuna, imparcial y de calidad.

Señaló que las partes revisarán en forma periódica con la CNDH la numeralia de expedientes que se tramiten ante el organismo nacional para unificar las cifras existentes, y fomentarán una cultura en materia de derechos humanos entre el personal de las instituciones laborales

Ello, con énfasis en la importancia del respeto y salvaguarda de los mismos en los ámbitos laboral y personal, a través de la implementación de cursos y demás herramientas de capacitación, adelantó.

A su vez, Alejandra Negrete, titular de la Profedet, afirmó que “nos corresponde otorgar servicios con absoluto profesionalismo calidad humana, cercanía, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos que facilite la asesoría orientación la representación y la defensa integral de los derechos laborales”.

“La labor permanente e incansable que se realiza al frente de nuestra dependencia nos inspira y compromete a todos a cumplir con honestidad, intensidad, vocación y eficacia, el gran honor de impartir la justicia laboral federal” en México, finalizó José Francisco Maciel, presidente de la JFCA.

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