El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, señaló que la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), del no ejercicio de la acción penal contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda, “parece una salida política que busca respaldar a la institución militar pese a una serie de delitos y violaciones cometidos por sus miembros”.

Las familias de los estudiantes normalistas desparecidos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014, han argumentado la posible participación de elementos activos del Ejército Mexicano en los hechos e incluso han señalado al entonces Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, de haber ocultado y encubrir a algunos de los elementos, por ello cuestionó que, pese a las violaciones de los derechos humanos de algunos de sus miembros, parece quererse otorgar el respaldo a la institución.

*Información relacionada: Sin evidencias de que Cienfuegos encubriera o protegiera al cártel del H2: FGR

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A través de un mensaje en sus redes sociales, Vidulfo Rosales dijo que la decisión de la FGR parece apresurada y sin convalidación de un juez y con ella se cae “en una gran contradicción con la política de combate a la corrupción y se manda una mala señal al pueblo”.

En el mismo texto el abogado apunta que si un Gran Jurado Federal en Estados Unidos revisó el material probatorio, es “arriesgado” que la autoridad mexicana asegure que se fabricaron pruebas.

“Lo pertinente debió ser, mantener abierta la indagatoria y continuar recabando datos de prueba para judicializar y que un juez con imparcialidad e independencia determinará la solidez de las pesquisas”, concluyó Vidulfo Rosales.

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