Este martes el Congreso de los Diputados de España aprobó comenzar a tramitar una ley presentada por el Partido Socialista, al que pertenece el presidente Pedro Sánchez, que busca abolir la prostitución por la vía del endurecimiento del Código Penal.
Su andadura se inició con un apoyo masivo, obteniendo 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones, en una votación en la que destacó el apoyo del principal partido de la oposición PP, y la fractura del grupo de Unidas Podemos –en el Gobierno de coalición–, que dio libertad de voto a sus diputados.
La iniciativa socialista no hace distinción entre la prostitución voluntaria y forzada. Si bien no se criminaliza a las mujeres, cualquiera que sea la situación por la cual ejercen esta actividad, sí carga contra todo el entramado que coadyuva a que esta tenga lugar.
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¿Qué cambios propone esta norma?
La propuesta del Partido Socialista pretende reformar el artículo 187 del Código Penal (CP) introduciendo tres novedades: la persecución del proxenetismo no coactivo, la multa a los clientes de prostitución y la introducción de la tercería locativa, es decir, el castigo a los dueños de los locales.
En cuanto al proxenetismo, actualmente se persigue el denominado proxenetismo coactivo, es decir, cuando se obliga a practicar la prostitución a otra persona por medio de intimidación, violencia o engaño. También se sanciona “a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona” incluso con el consentimiento de la misma, siempre que concurra o bien la condición de vulnerabilidad de la víctima o que se impongan “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.
Con la reforma se modifica esta última parte eliminando la necesidad de que haya “una explotación de la prostitución”.
Por su parte, la tercería locativa es una figura que ya estuvo en vigor a partir de 1973 y que posteriormente desapareció del Código Penal. Consiste en sancionar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución, independientemente de que sea de manera consentida o no. Se propone la pena de dos a cuatro años de prisión y multas de 18 a 24 meses y se contempla la opción de clausurar el establecimiento.
Además, la propuesta carga contra los consumidores de prostitución sosteniendo que “participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas”.
Un viejo debate
El debate sobre cómo abordar legislativamente la prostitución lleva dándose en el país desde hace décadas. El último episodio se vivió el mes pasado, cuando el Partido Socialista intentó incluir en el texto de la ley del ‘Solo sí es sí’ estas modificaciones del Código Penal.
Ante el riesgo de que la normativa, que se aprobó finalmente el pasado 26 de mayo, no saliera adelante precisamente por este escollo, los socialistas acabaron accediendo a sacarlo del texto.
Así, esta discusión rompe la aritmética tradicional en el Hemiciclo español y ha creado disensos en el seno del Gobierno bicolor e, incluso, en el seno del grupo confederado Unidas Podemos que, finalmente, ha optado por dar libertad de voto a sus diputados, lo que ha dado como resultado que los siete pertenecientes a la confluencia catalana En Comú Podem hayan votado en contra, mientras sus otros 26 compañeros votaban a favor.
Posturas encontradas: abolicionismo contra regulación
La brecha parlamentaria se ha traducido en dos posturas, con diferentes matices, entre quienes apuestan por la abolición de la prostitución, encabezados por los socialistas, y quienes abogan por regularizarla para dotar de derechos a las trabajadoras voluntarias.
Los socialistas, por boca de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, han dicho que la prostitución “es incompatible con la dignidad humana” y “un último residuo del sistema esclavista”. Además, sostienen que las mujeres que deciden ejercer lo hacen “por necesidad” y “nunca deciden libremente”. Un discurso compartido por la principal formación de la oposición, el conservador Partido Popular.
El PNV, socio parlamentario en esta legislatura, ha criticado el carácter “punitivista” de la reforma y consideran que las mujeres se verán “más desprotegidas” por la “criminalización de esta actividad”. Por esos motivos, ha reclamado que la normativa recoja cambios en la ley contra la trata y también en la ley de Extranjería, que aboca a mujeres en situación de irregularidad administrativa a ejercer la prostitución como única salida.
De manera similar se ha expresado la portavoz del partido vasco EH Bildu, Bel Pozueta, que ha denunciado que la ley “no contempla medidas de políticas sociales, formativas o de reparación y protección económica para que las trabajadoras que así lo deseen puedan dejar atrás la prostitución”.
Por su parte, los diputados catalanes de Junts per Catalunya (JuntsxCat) han criticado la sanción de la tercería locativa, asegurando que obligará a las mujeres a la clandestinidad y aumentará su estigmatización.
El único partido que ha abogado claramente por la regulación de la prostitución ha sido Ciudadanos, defendiendo que así mejorará la protección de las trabajadoras sexuales.
También el feminismo se divide
En el movimiento feminista este debate también es un viejo conocido. Se enfrentan las posturas de las feministas abolicionistas, que claman por la prohibición de la prostitución en todas sus formas, y aquellas que se autodenominan ‘pro derechos’ y buscan la regularización de esta actividad cuando se ejerce voluntariamente.
Las primeras entienden que la prostitución tiene su origen en la discriminación histórica sufrida por las mujeres y que la mayoría ejerce de forma forzada. En su opinión, no está tanto relacionada con el sexo sino con estructuras de poder que oprimen a las mujeres.
Para las segundas la clave está en la voluntad de las mujeres, por lo que la distinción entre prostitución voluntaria y trata es esencial. Afirman que se debe respetar el derecho de las mujeres a decidir por sí mismas y proteger sus derechos laborales.
Esta cuestión, al igual que sucede con los derechos de las personas transexuales, han marcado amplias diferencias en los partidos que integran la coalición de Gobierno. Si bien, en Unidas Podemos, la manera de abordar la prostitución no ha encontrado unanimidad entre sus propias filas. Así, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se declara abolicionista, ha reconocido que en el seno de su formación hay diferentes sensibilidades al respecto.
Los datos de la prostitución en España
En España la prostitución es una actividad alegal, por lo que es muy complicado encontrar información oficial. Los datos que se tiene no son recientes, pero los expertos opinan que la situación apenas ha cambiado. Así, según la Encuesta de Salud de 2008, un tercio de los hombres en España admitió haber pagado por sexo al menos una vez, un 22 % de ellos en más de una ocasión.
Este consumo aumenta con la edad, de manera que 4 de cada 10 hombres de 65 años o más reconocen haber pagado servicios de prostitución, frente a 1 de cada 10 de 18 a 24 años. Este último dato lo corrobora una encuesta más reciente, realizada por el Instituto de la Juventud (Injuve) en 2020, que recogió que el 10,6 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años había consumido prostitución.
Aún más difícil es conocer el número de mujeres que ejercen la prostitución en el país. Según el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual (2015-2018) del Ministerio de Sanidad, alrededor de 45.000 mujeres se encontrarían en situación de trata. Si sumamos quienes no están en esa condición, diversas fuentes apuntan a una horquilla de entre 100.000 y 120.000 mujeres.
También es arduo saber cuánto dinero mueve esta actividad, aunque se cuenta con una estimación oficial. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula lo que suponen las actividades ilegales en el PIB de España. En conjunto representan un 0,87 %, del que el 0,35 % corresponde a la prostitución, unos 4.210 millones de euros en 2021.
Entre 2017 y 2020, según el Ministerio del Interior español, se detuvo a 883 personas por trata sexual y 824 por explotación sexual. Las víctimas del primer delito ascendieron a 737 y a 1.872 en el de la explotación sexual.
Según la ONU, las víctimas de trata con fines de explotación sexual son en un 92 % de los casos mujeres o niñas.
