Este sábado cumplen cincuenta años de las últimas ejecuciones de la dictadura franquista. Los condenados fueron tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y dos integrantes de ETA Político-Militar, ajusticiados por un decrépito y desesperado régimen que salió más tocado aún de esas ejecuciones.
Los cinco fueron fusilados en Madrid, Barcelona y Burgos, un 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de que el dictador Francisco Franco muriera.
Un capítulo del franquismo del que habla con EFE Gaizka Fernández Soldevilla, historiador del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y coautor y coordinador del libro “Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista”, que se presentó en Madrid el pasado jueves.
El libro, en el que participaron historiadores, juristas y periodistas, se centra especialmente en la violencia política de la última etapa del franquismo y, sobre todo, en 1975, cuando se produjo el mayor número de asesinatos terroristas hasta ese momento, con 33 víctimas.
Y ese año se cometieron las últimas ejecuciones del franquismo, en una acción por la que, según el historiador, “la dictadura perdió la batalla de la opinión pública”.
Además, estos fusilamientos tuvieron repercusión internacional, con manifestaciones en contra en varios países europeos y asaltos a diversas embajadas españolas.
Un decreto inspirado en las leyes del Reino Unido
Con Franco ya muy enfermo, el 26 de agosto de 1975 el gobierno aprobó el decreto ley sobre prevención del terrorismo, inspirado, como revelan los autores del libro, en la legislación que el Reino Unido adoptó para neutralizar la oleada terrorista que sacudió a ese país en el quinquenio 1970-1975.
El libro desvela que los cinco fusilamientos no se produjeron por la aplicación de este decreto, como se ha creído siempre, ya que las leyes en vigor ya preveían las penas de muerte, pero sí sirvió, recalca Fernández Soldevilla, para transformar dos de los cuatro consejos de guerra en “sumarísimos”, es decir, “más rápidos y con menos garantías”.
A pesar de que la pena de muerte seguía en vigor en España, entre agosto de 1963 y marzo de 1974 se conmutaron todas, hasta llegar a la de Salvador Puig Antich, un anarquista que fue ajusticiado en ese último mes.
Según el historiador, el perdón gubernamental “no respondía a consideraciones morales ni religiosas, sino a un puro pragmatismo”, ya que el régimen quería “sortear” los obstáculos para acercarse a Europa occidental.
El propio presidente del gobierno entonces, Luis Carrero Blanco, creía que ejecutar a los condenados era caer en la trampa de los terroristas: crear “mártires”.
Pero su sustituto, Carlos Arias Navarro, no compartía esa opinión. De hecho —explicó Fernández Soldevilla—, estaba convencido de que un castigo ejemplarizante “afianzaría su posición, apaciguaría a las fuerzas de seguridad, dejaría sin argumentos a la ultraderecha y detendría la violencia terrorista”.
Con Arias Navarro, el 2 de marzo de 1974 se retomaron las ejecuciones — con la de Puig Antich—, y como no hubo una gran reacción de protesta, el presidente dio por buena esa vuelta a los fusilamientos, pero “el beneficio político fue escaso”, afirma el historiador.
En el año y medio que transcurrió hasta las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975 los terroristas de distinto signo mataron a 35 personas y la ultraderecha siguió culpando al gobierno de “desintegrar” el orden público.
No obstante, Arias Navarro conservó el mayor apoyo posible en ese momento: el de Franco.
Cuatro consejos de guerra y once condenados a pena de muerte: se ejecutó a cinco
El régimen condenó a once terroristas en cuatro consejos de guerra celebrados entre agosto y septiembre de 1975, ocho miembros del FRAP y tres de ETApm.
Pese a las protestas, incluidas las del ámbito internacional, Franco conmutó sólo a seis condenados y otorgó la gracia del indulto, pero mantuvo la sentencia de muerte para los otros cinco.
Son los últimos ejecutados de la historia de España -ecuerda a EFE Fernández Soldevilla—. “Se produjo una especie de tormenta perfecta entre un terrorismo muy elevado, un franquismo que estaba en plena descomposición y no supo reaccionar ni atajar ese terrorismo, y un régimen en una muy grave crisis interna”.
“Arias Navarro —continúa el historiador— básicamente estaba solo, porque tanto los liberales como la extrema derecha del régimen le dieron la espalda”.
Se sumaba a ello el propio Franco, “incapaz” de tomar decisiones porque estaba ya “muy decrépito”.
Fernández Soldevilla insiste en que los fusilamientos tuvieron un efecto en la sociedad contrario a lo que creía el régimen, una parte de la población, que no se había movilizado hasta entonces, lo hizo, y en lugar de ver a los cinco ejecutados como terroristas con delitos de sangre, los percibieron como “mártires del antifranquismo”.
