La Secretaría de la Función Pública se deslindó de la filtración de un documento que da cuenta de una supuesta investigación al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, no desmiente su veracidad.
Mediante una nota informativa, la dependencia a cargo de Eréndira Sandoval, expone que aunque es está dentro de sus atribuciones revisar las declaraciones patrimoniales, aclara que eso no significa una acusación en contra de los implicados.
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“Para garantizar el correcto desarrollo de los análisis de evolución patrimonial, la Función Pública no divulga información sobre estos procedimientos, los cuales se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar. El análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significa una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad”, enfatizó.
Agregó que “las declaraciones patrimoniales solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información”.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la SFP”, enfatizó.
Detalló que en lo que va de la actual administración, se abrieron 133 expedientes de evolución patrimonial, en contraste con los 58 que se iniciaron durante los primeros 11 meses de 2018, último tramo de la administración anterior, por lo que las solicitudes de información vinculadas con estos procedimientos no son extraordinarias.
Además, se han iniciado 449 investigaciones por posibles faltas administrativas, una cifra casi 6 veces mayor si se compara con las 74 iniciadas de enero a noviembre de 2018.
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