Cuando la familia de Samira Dajani se mudó a su primer hogar real en 1956 después de años como refugiados, su padre plantó árboles en el jardín y los nombró como cada uno de sus seis hijos.
En la actualidad, dos pinos altísimos que llevan el nombre de Mousa y Daoud vigilan la entrada al jardín donde todos jugaban cuando eran niños. Buganvillas rosadas, almendros, naranjos y limoneros guían el camino hasta la entrada de su modesta casa de piedra.
Ella y su esposo pueden tener que dejar todo atrás el 1 de agosto. Es entonces cuando Israel está listo para desalojarlos por la fuerza luego de una batalla legal de décadas librada por colonos ideológicos judíos contra ellos y sus vecinos.
Los Dajani son una de las varias familias palestinas que se enfrentan a un desalojo inminente en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén oriental.
La difícil situación de las familias ha provocado semanas de manifestaciones y enfrentamientos en los últimos días entre movilizados y la Policía israelí.
También destaca una serie de políticas discriminatorias que, según los grupos de derechos humanos, tienen como objetivo expulsar a los palestinos de Jerusalén para preservar su mayoría judía.
El grupo de derechos israelí B’Tselem y Human Rights Watch señalaron estas acciones como un ejemplo de lo que dicen se ha convertido en un régimen de apartheid.
Israel rechaza esas acusaciones y dice que la situación en Sheikh Jarrah es una disputa inmobiliaria privada que los palestinos han aprovechado para incitar a la violencia.
Los grupos de colonos dicen que la tierra era propiedad de judíos antes de la guerra de 1948 que rodeó la creación de Israel.
La ley israelí permite a los judíos reclamar esas tierras, pero prohíbe a los palestinos recuperar las propiedades que perdieron en la misma guerra, aun si todavía residen en áreas controladas por Israel.
Los padres de Samira Dajani huyeron en 1948 de su casa en Baka, ahora un barrio exclusivo en el oeste de Jerusalén mayoritariamente judío.
Tras varios años como refugiados en Jordania, Siria y Jerusalén oriental, que entonces estaba controlada por Jordania, las autoridades jordanas les ofrecieron una de las varias casas recién construidas en Sheikh Jarrah a cambio de renunciar a su condición de refugiados.
“Fue como el cielo después de nuestro éxodo”, contó Dajani, ahora de 70 años.
Las cosas cambiaron después de que Israel capturó Jerusalén oriental, junto con Cisjordania y Gaza, en la guerra de Medio Oriente de 1967, y la anexó en una medida no reconocida internacionalmente.
Los palestinos quieren los tres territorios para su futuro Estado y ven a Jerusalén oriental como su capital.
En 1972, grupos de colonos les dijeron a las familias que estaban invadiendo tierras de propiedad judía.
Ese fue el comienzo de una larga batalla legal que en los últimos meses ha culminado con órdenes de desalojo contra 36 familias en Sheikh Jarrah y otros dos barrios de Jerusalén oriental.
Los grupos de derechos humanos israelíes dicen que otras familias también son vulnerables y estiman que más de mil palestinos corren el riesgo de ser desalojados.
Una mujer de otra familia en Sheikh Jarrah acusó que es “un acto inhumano” quitarle la casa a alguien. Invitó a sus progenitores a que se mudaran con ella y su esposo si eran desalojados de la vivienda donde nació y se crió, pero su padre se negó.
“Dijo que no hay forma de que se vaya de este vecindario a menos que esté muerto”, señaló.
“Han vivido en ese vecindario por 65 años”.
Israel ve a toda Jerusalén como su capital unificada y dice que todos son tratados por igual. Pero los residentes de Jerusalén oriental tienen diferentes derechos dependiendo de si son judíos o palestinos.
A los judíos nacidos en el este de Jerusalén se les otorga automáticamente la ciudadanía israelí, y los judíos de cualquier otro lugar del mundo son elegibles para convertirse en ciudadanos.
A los palestinos nacidos en Jerusalén oriental se les da una forma de residencia permanente que puede ser revocada si pasan demasiado tiempo viviendo fuera de la ciudad.
Pueden solicitar la ciudadanía israelí, pero deben pasar por un proceso burocrático difícil e incierto que puede llevar meses o años.
