La Justicia peruana evalúa hoy un pedido fiscal para que se ordene nuevamente prisión preventiva contra la derechista Keiko Fujimori por infringir la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht, mientras Perú espera que la autoridad electoral resuelva impugnaciones y proclame al vencedor de la segunda vuelta presidencial.
Debido a la pandemia de Covid-19, la audiencia judicial se realizará de manera virtual, a partir de las 15:00 horas, con la participación de Fujimori y su defensa, y del Fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, indicó la Corte Superior Nacional.
El requerimiento de la Fiscalía acapara la atención nacional ya que el país espera la decisión del jurado electoral que revisa la impugnación de miles de votos presentada por Fuerza Popular, el partido de Fujimori.
La candidata derechista sostiene que hubo fraude en los comicios, el cual favorece, según ella, a su rival izquierdista Pedro Castillo.
El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que llegó el martes al 100 por ciento de las actas contabilizadas, otorgó a Castillo el 50.12 por ciento de los sufragios sobre el 49.87 por ciento de Fujimori. La diferencia es de apenas 44 mil 58 votos.
Fujimori confía en revertir el resultado del 6 de junio, pero la decisión del tribunal electoral podría demorar una semana más.
Hasta la fecha, la mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por Fuerza Popular en esa maniobra legal para cambiar el desenlace de los comicios han sido rechazadas.
En tanto, la tensión crece en las calles de la nación, donde miles de seguidores de ambos aspirantes marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de las elecciones.
El pasado 10 de junio, en medio de la crispada coyuntura postelectoral que vive Perú, el Fiscal Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga el regreso a prisión preventiva de Fujimori por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución que habilitó su excarcelación en 2020 bajo ciertas restricciones.
En el pedido para revocar los privilegios legales de la candidata, el Magistrado sostiene que la imputada infringió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de dinero, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso sobre la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El requerimiento hace alusión a una conferencia de prensa que celebró Fuerza Popular tras la segunda vuelta electoral, en la que Fujimori presentó al abogado Miguel Torres como vocero político de su partido.
Pérez argumenta que Torres es testigo de la acusación fiscal y que declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.
La candidata, que debe ir a juicio por este caso este año si no gana la Presidencia, permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020.
La Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, quien es indagada por delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
