La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y Wistano Luis Orozco, ex director de Empresas y Servicios de esa casa de estudios, sí son responsables de las irregularidades que se detectaron dentro de la llamada Estafa Maestra.
Por ello, el órgano jurisdiccional confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la cual le impuso a ambos ex servidores públicos el pago de una sanción económica mancomunada por 239 millones 308 mil pesos, la cual está apegada a derecho.
El 6 de mayo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para establecer la estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin la existencia de los comprobantes para acreditar la materialización de los mismos
El magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz refirió que en su carácter de representante legal de la UAEM, Ávila García suscribió el contrato de prestación de servicios con la empresa Evyena Servicios, a pesar de que la casa de estudios, de acuerdo con el convenio que signó con la dependencia federal, estaba impedida para ceder o transmitir algunas de las obligaciones y derechos adquiridos.
“Es indudable que el demandante generó un daño a la hacienda pública federal; por ello, el actor, respecto a la suscripción de los mismos, ocasionó que la Sedesol erogara recursos federales para pagar el importe de dos facturas por un total de 239 millones 308 mil pesos por un servicio que no fue prestado, ni por la Universidad Autónoma de Morelos, ni por el actor subcontratado por ésta”.
El 18 de diciembre de 2013 se firmó el fallo en que se declaró como ganador a la empresa Evyena Servicios, se suscribió el contrato de prestación de servicios y se emitió la factura que amparaba los servicios y se realizó el pago; dos días después, la UAEM y la Sedesol suscribieron el acta de cierre de proyectos que ampara la entrega del 100 por ciento de los trabajos.
Al respecto, el magistrado Guillermo Valls Esponda dijo que resulta inverosímil que en solo dos días la empresa haya cumplido con la prestación de los servicios contratados.
“Entre esa motivación estaba lo inverosímil que resultó el proceso de subcontratación, la incongruencia entre las fechas que la Universidad Autónoma de Morelos proporcionó a la Sedesol los entregables y aquella en que dicha casa de estudios subcontrató la empresa, es decir, el 18 de diciembre, resulta inconcuso que no se tiene cabida de que se haya efectuado dicha licitación; incluso, no pasa desapercibido para esta juzgadora que esa incongruencia resulta mayor considerando que del análisis de las documentales, consistente en los citados entregables, se aprecia que reportan fechas alusivas a diciembre de 2013, cuando supuestamente fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 13 de noviembre del mismo año, 2013”.
Los magistrados señalaron que al no existir los elementos suficientes que demostraran que el servicio que fue contratado con la empresa Evyena Servicios se hubiese realizado, la universidad no tenía motivos para transferir a la compañía recursos por 203 millones 592 mil 287 pesos.
