La marginación y la discriminación limitan los derechos de los integrantes de las comunidades y poblados indígenas, por lo que su libre determinación es fundamental para que obtengan autonomía e independencia, afirmó Marina López Santiago.
La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que a casi dos años de la integración de ese organismo, falta mucho por avanzar en materia de asesoría electoral y defensoría de los derechos políticos de los indígenas.
Durante los trabajos del Segundo Foro-Taller de Sensibilización y Difusión de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, indicó que a la fecha se han otorgado 227 atenciones de servicios, de los que 130 fueron para asesorar los derechos político-electorales y 80 para defenderlos.
En el auditorio José Luis de la Peza, del TEPJF, destacó que 48 por ciento de las solicitudes provienen del estado de Oaxaca, 18 por ciento de Chiapas y el resto de otras entidades de la República, como Puebla, Sonora, Ciudad de México y Baja California.
La funcionaria destacó la eficacia, eficiencia y gratuidad de los servicios que proporciona la defensoría, y subrayó que actualmente hay nueve defensores ubicados en dos sedes, una en la capital del país y otra en Oaxaca.
A su vez, Yazmín Betanzos Torres dijo que la Defensoría Pública Electoral cumple con el mandato de procurar justicia electoral a los pueblos originarios, como lo demuestra el incremento de solicitudes de asesoría y defensa.
La también integrante de la defensoría señaló que existen muchos casos de violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que se debe estar atentos a que las autoridades involucradas busquen las soluciones adecuadas a las sentencias que se emitan.
En las actividades también participaron los investigadores Hortensia Vázquez Montes, Juan Carlos Reyna, Juan Carlos Martínez Hernández, quienes coincidieron en que existen limitantes y barreras para hacer más expedita la justicia en favor de los pueblos y comunidades indígenas.
Entre ellas, destacan las barreras del lenguaje, las tecnológicas, la escasez de recursos materiales y humanos, así como la deficiencia de la infraestructura para la comunicación, desde la dotación de energía eléctrica hasta la recepción de señales de internet, sin contar con la falta de acceso a los medios de comunicación.
