El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, afirmó que la fiscalización de los recursos públicos y privados para campañas electorales tiene el objetivo de que el dinero sea legal y transparente.
“Toda la fiscalización es para cumplir con tres objetivos: uno, que el dinero que va a la política sea legal; dos, que haya equidad en la contienda, y tres, que el financiamiento a la política sea transparente y en eso vamos avanzando, paso a paso”, afirmó.
En entrevista, el consejero electoral explicó que los cambios de criterio que se propondrán para establecer las multas a las faltas que cometieron los partidos políticos y candidatos de las elecciones del 1 de julio pasado, pretende ser un estímulo para que cumplan, además de que modificar esos criterios es una atribución que tiene la autoridad electoral.
En ese contexto, informó que cuando se propuso ante los integrantes de la Comisión de Fiscalización tuvo gran consenso, pues fue avalada la propuesta que votará el Consejo General el lunes próxmo en su sesión extraordinaria, con cuatro de cinco consejeros en la comisión que lo consideran pertinente.
Rechazó que la modificación de los criterios para fijar las sanciones por las faltas que se hayan detectado y validado en la fiscalización de los 17 mil 699 candidatos federales y locales que contendieron el 1 de julio pasado, pueda abrir la puerta al incumplimiento.
“No, porque las sanciones ahí están, lo que estamos viendo es que tenemos a los partidos que más cuentas rinden de todos los sistemas de partidos. Investiguen en todo el mundo si en alguna elección tienen lo que gastó cada candidato a gobernador, en Estados Unidos y la Cámara de Representantes y si se tuvo dos meses después”, ejemplificó.
De acuerdo con el consejero electoral, todos los indicadores revelan que se está, poco a poco, avanzando hacia una mayor rendición de cuentas y que sancionar es algo que en el pasado se hizo.
Pero ahora, revisándolo a la luz de más de 17 mil candidatos, parecía que se hace una fiscalización más punitiva que correctiva de conductas, lo que no es lo mismo que tener un ingreso de origen desconocido, lo que es muy grave, o de un ente prohibido, agregó.
Es por ello que en la modificación de los criterios se puntualiza esta situación; “lo que son las conductas que ponen en riesgo la fiscalización, la equidad, las seguimos sancionando igual, y faltas más de tipo administrativa las estamos retrasando cómo serán sancionadas y en el caso de gasto no reportado es el precio más alto pagado”, precisó.
Murayama Rendón comentó que en esta tarea de fiscalización lo que se ve es una abrumadora presencia de respeto a los topes de gasto, y para ello también tienen que resolver las quejas que se han presentado en esta materia, lo que hará la comisión el viernes próximo, a fin de resolver sobre los proyectos de dictamen de al menos unas 600 que se han presentado.
