La violencia contra las mujeres y niñas continúa siendo uno de los delitos más impunes a nivel europeo y global, la violación de los derechos humanos más extendida, y un obstáculo para el avance de los derechos de la mujer, denuncian organizaciones internacionales y grupos de mujeres.
Este 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituciones europeas y miles de mujeres alzan su voz para denunciar esta forma de violencia que, según Naciones Unidas, afecta a casi una de cada tres mujeres en el mundo.
“¿Hay algún otro crimen tan extendido e ignorado? Si las víctimas de violencia de género fueran víctimas de terrorismo, tendríamos una respuesta mucho más robusta”, expresó la vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Frances Fitzgerald, esta semana durante un debate parlamentario.
La Unión Europea (UE) calcula que el 22 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, y que el 43 por ciento ha padecido violencia psicológica. Estos datos, si bien son altos, son de 2014 y no reflejan toda la realidad, ya que la mayoría de los casos no son denunciados.
Desde hace una década no hay encuestas a nivel europeo que permitan dibujar un panorama más aproximado de la violencia con la que lidian muchas mujeres en su vida diaria. Además, cada país de la UE tiene su propia legislación en la materia, por lo que los delitos recogidos bajo el paraguas de la violencia de género varían entre unos y otros, lo que complica su comparación y cuantificación.
En España, el número de asesinatos machistas este 2023 ya asciende a 52. Según el Área de Violencia de Género del Ministerio del Interior, estos crímenes han incrementado en el país en un 29 por ciento desde que comenzaron a registrarse datos en 2003.
“Sabemos que estos datos no nos dan toda la realidad por la dificultad de compararlos entre países de la UE y porque las consecuencias que tiene la violencia en la vida de las víctimas y de las supervivientes no se puede medir”, explica la experta del Lobby Europeo de Mujeres (EWL, por sus siglas en inglés), Irene Rosales.
Para la Comisión Europea, estos datos y la situación a la que deben hacer frente muchas mujeres es un “hecho estremecedor” que evidencia que sus derechos se han visto “amenazados, reducidos o eliminados por completo” en las distintas regiones del mundo, remarcó la institución en un comunicado con motivo del 25N.
Tras un largo recorrido, la UE se adhirió el pasado octubre al Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional que establece normas para prevenir, perseguir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
Esta adhesión implica que todos los Estados miembros deben aplicar normas vinculantes para luchar contra estas formas de violencia. Sin embargo, en la práctica, su alcance es limitado, ya que únicamente es aplicable en los dos aspectos sobre los que la UE tiene competencia: la cooperación judicial en materia penal y el asilo.
Para superar estas deficiencias, las instituciones comunitarias están negociando una legislación contra la violencia de género en la Unión. No obstante, se encuentra estancada por el bloqueo de los Estados miembros que, según denuncian organizaciones de mujeres y el propio Parlamento Europeo, están “descafeinado” la directiva.
Los países de la Unión se oponen a incluir la violación en el texto final ya que consideran que la UE no tiene competencias para definir este delito a nivel comunitario. Francia y Alemania se encuentran entre los países bloqueadores y sólo nueve (de 27) abogan por incluirla.
Esta posición contrasta con la ambición de los grupos políticos de la Eurocámara, que acordaron que la norma debe definir el delito de violación basándose en la ausencia de consentimiento -como estableció la ley del “sólo sí es sí” española- y no en el uso de la fuerza, como aún requieren muchos Estados miembros.
Rosales asegura que todos los países se beneficiarían de esta legislación, que es “muy detallada” en cuanto a las circunstancias en las que el consentimiento no puede darse, “con lo cual la juezas y los jueces tendrían todavía una mejor definición a la que acogerse”, explica.
Esta experta del EWL asegura que la directiva debe tener una “perspectiva de género” para reconocer las causas y consecuencias de la violencia: “Es fundamental que tenga fortaleza y que sea un instrumento de cambio a largo plazo”, sentencia.
“Solo sí es sí. El sexo sin consentimiento es una violación y tiene que estar integrada dentro de la directiva”, remarcó la líder de los socialdemócratas del Parlamento Europeo, la española Iratxe García, durante la sesión plenaria celebrada esta semana en Estrasburgo.
“Necesitamos una propuesta que incluya la violencia de género, que es mucho más que un delito de odio: Es la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo y representa el máximo cruel exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres”, sentenció García.
