La Fiscalía General de la República (FGR) alertó que, desde principios de julio, el excandidato presidencial Ricardo Anaya se trasladó a Texas, sin embargo, no se conoce con precisión su paradero, por lo que si no regresa al país para su siguiente audiencia se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Desde algún lugar del extranjero, el panista compareció este jueves por videoconferencia en la audiencia que se citó para que la Fiscalía lo impute por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Sin embargo, la sesión se canceló apenas iniciada, debido a que el excandidato presidencial del PAN acreditó que la FGR no ha dado, ni a él ni a sus abogados, acceso al contenido de la carpeta de investigación.
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Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control federal del Reclusorio Norte, consideró que es necesario garantizar el derecho a la defensa adecuada por lo que reprogramó la audiencia inicial para el 4 de octubre próximo.
Aunque la FGR no logró hacer la imputación contra Anaya, sí obtuvo un pequeño gran triunfo: que se obligue a Anaya a regresar a México del auto exilio que anunció para que pueda participar en la próxima sesión.
Y es que el Ministerio Público alertó al juez que Anaya estaba en el extranjero y no en México. Precisó que a principios de julio el panista salió con rumbo a Texas, Estados Unidos, y hasta el día de ayer no había regresado
El Juez cuestionó a Anaya si estaba fuera del país, y aunque éste no precisó su ubicación exacta, el juzgador le advirtió que la próxima sesión, aunque también será por videoconferencia, debe estar en territorio nacional.
En caso de que Anaya no regrese a México para la audiencia del 4 de octubre, no se le permitiría participar en la misma con la inminente posibilidad de que la FGR solicite una orden de aprehensión en su contra.
Si Anaya se conecta desde algún punto del territorio nacional, la FGR solicitará la prisión preventiva por riesgo de fuga y si ésta se concede, el panista tendría 48 horas para internarse voluntariamente en prisión.
Ignorar el mandamiento judicial implicaría que se libre una orden de captura, que Anaya se convierta en prófugo de la justicia, y se activen todos los mecanismos de búsqueda nacional e internacional, incluida la Ficha Roja de Interpol.
La FGR asegura que en 2014 Anaya recibió 6.8 millones de pesos, por parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a cambio de votar por la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En una versión pública difundida el miércoles, la FGR señaló que hay evidencia “de una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”. Dijo que una de las beneficiarias sería Odebrecht Brasil.
En 2016, el diario El Universal exhibió que la familia nuclear de Anaya vivía en una propiedad en Atlanta, Georgia.
