Las autoridades de México han activado las alarmas ante el incremento del número de delitos a través de los videojuegos en línea a lo largo de los últimos meses. Alex Piñón, nuestro corresponsal en el país latinoamericano, recientemente ha investigado esta cuestión.
En la última década, los videojuegos ‘online’ han experimentado un aumento significativo de su popularidad, en gran parte gracias a la inclusión de chats, que han hecho que se conviertan en otro tipo de plataforma social de conversación, dando lugar al fenómeno ‘gamer’.
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“Simulan ser jugadores”
Solamente en México, a finales de 2020 había 72.3 millones de usuarios de videojuegos, esto es, poco más de la mitad de su población, mientras los ingresos de este sector pasaron de 603 millones de dólares en 2010 a 1,513 millones hace dos años.
Pero el Gobierno del país se ha dado cuenta de que a mayor conectividad, mayor vulnerabilidad, por lo que ha encendido las alarmas. En los últimos meses, tres estados mexicanos han registrado delitos cometidos a través de videojuegos, como el reclutamiento de jóvenes o el robo de datos personales.
“Se introducen, simulan ser jugadores, van generando empatía, se van generando afinidades y paulatinamente brincan de estos videojuegos a otro tipo de plataformas”, explicó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de México.
¿Qué hacer ante el problema?
En opinión de Emilio Saldaña, experto en tecnologías de la información, los usuarios tienen que vigilar mucho con quién hablan a través de ese tipo de plataformas, ya que nunca podemos saber quién está realmente del otro lado de la pantalla.
Por todo ello, el Gobierno de México ha presentado un decálogo para el uso de videojuegos que sugiere no usar micrófono ni cámara, no compartir la ubicación y no proporcionar datos personales, entre otras medidas de seguridad.
Asimismo, en exclusiva para RT, las autoridades del país latinoamericano han adelantado que el año que viene contarán con un Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos que servirá para perseguir este tipo de delitos y detectar su ‘modus operandi’, de forma que puedan actuar de manera preventiva.
