La declaratoria de la segunda alerta de violencia de género en el estado debe obligar al Congreso local a reformar el Código Penal para ampliar las causales para el acceso a la interrupción del embarazo, así como el periodo para hacerlo, aseguró la integrante de la Asociación Equifonía, Araceli González Saavedra.
No obstante, criticó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) haya declarado la alerta para los tres poderes del estado, a pesar de que debió ser enfocada solo al Poder Legislativo.
“De un plumazo la Conavim y el Grupo de Trabajo generalizan y dicen que en el estado de Veracruz todo está mal. Nos preocupa porque generalizar la alerta en los tres Poderes es diluir la responsabilidad del Congreso del Estado en esta segunda Alerta”.
Dijo que el Poder Legislativo es el único poder que no cumplió ninguna de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Evitar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres .
González Saavedra advirtió que con la alerta, los poderes del estado tendrán un año para cumplir las medidas ordenadas por la Conavim.
Por otro lado, la integrante del Colectivo Las Libres, Verónica Cruz, denunció que la declaratoria de violencia es un “negocio” para la Conavim y otras organizaciones.
Esto porque dijo que la Conavim busca beneficiará a sus organizaciones “socias” a través de contratos con el Gobierno del Estado, con el pretexto de dar seguimiento al cumplimiento de las normas de dicho decreto federal.
“Cada alerta de género significa un negocio para la Conavim y sus organizaciones, porque en último lugar queda la solución de un problema”.
