En los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 111 mil homicidios dolosos.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esa cifra es 93% mayor frente a los 57 mil homicidios dolosos cometidos en el mismo lapso del gobierno de Felipe Calderón y 61% superior a los 68 mil perpetrados en los primeros cuatro años de Enrique Peña Nieto.
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Organizaciones civiles y especialistas coinciden que los primeros cuatro años de López Obrador han sido los más violentos de la historia reciente del país.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, organización civil que analiza los datos estadísticos que arroja el gobierno mexicano, asegura que en cuatro años no se ha visto una transformación favorable en las condiciones de seguridad.
“Tenemos una estadística que nos apunta a un desastre, a un fracaso absoluto de las acciones, pues allí encontramos que hay más impunidad que nunca”, señala.
Otros delitos que también han superado los números de las dos administraciones anteriores son: la extorsión, con un aumento de 32%; la violación, que subió 45%, y el robo a negocio, con 30% más.
Un delito que no puede compararse con la administración de Peña Nieto, por ausencia de datos, es el feminicidio. En la actual administración se han contabilizado tres mil 742 casos en el país.
En las estadísticas oficiales de inseguridad también se observan algunas bajas, como la reducción de 4% en homicidios culposos, en secuestro (-43%) y en lesiones dolosas (-13%).
Rivas apunta que es difícil reconocer las bajas en estos delitos, ya que el gobierno “presenta datos de una manera metodológicamente inexacta”.
“Por ejemplo, lo que nos señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la encuesta de victimización: las extorsiones que se cometieron en 2021 fueron casi cinco millones, de estas 128 mil llegaron a carpetas de investigación, cuando uno revisa el Secretariado Ejecutivo encuentra nada más 8 mil 800 carpetas por extorsión, ¿imagínese cómo estamos en términos de registro?”, explica.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 calcula una cifra negra de delitos no denunciados. La cantidad se ha mantenido en porcentajes superiores al 90% desde el 2012 hasta el 2020.
La misma encuesta también revela que en 2019, 44% de las carpetas de investigación abiertas por cualquier delito no se han resuelto. En 2020 esta cifra aumentó a 48%.
David Saucedo, consultor en seguridad, coincide en que existen imprecisiones en las carpetas de investigación, por ejemplo “de homicidios por ejecuciones del crimen organizado se llegan a reportar como homicidio culposo o bien como un accidente de tránsito”.
En los casos de extorsión y secuestro, explica Saucedo, “tenemos una cifra negra muy alta porque las bandas organizadas dedicadas a estos delitos lo que hacen es amenazar a las víctimas para que no presenten denuncias y en su caso lanzan represalias”.
Diferencias en asesinatos de policías
Otro ejemplo de la desconfianza de expertos y organizaciones civiles en las cifras oficiales es la relacionada con la muerte de policías que reportan las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades del país.
El más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública del Inegi reporta que en 2021, 21 policías fueron víctimas de homicidio doloso, cinco de homicidio culposo y 72 murieron en un accidente.
La cifra contrasta con la investigación de la organización Causa en Común, que reporta el homicidio de 401 policías en 2021. En su investigación ha documentado que en los cuatro años del gobierno de López Obrador mil 781 policías estatales han sido asesinados.
Ante la falta de datos confiables, Saucedo advierte: “Estamos en una estrategia de ocultamiento de información, con el objeto de legitimar la estrategia en materia de seguridad del presidente”.
